Hacienda puede exigir a los contribuyentes que paguen la plusvalía a un tipo del 43%
El IRPF considera las compras de pisos como actividad económica
La Administración tributaria reconoce que pueden darse «problemas interpretativos»
Vender o comprar una casa desde el pasado 1 de enero puede resultar más oneroso para el bolsillo de quienes residen en España, tras la decisión del Gobierno de encarecer la tributación de las plusvalías inmobiliarias. La 'letra pequeña' de la reforma del impuesto de la renta (IRPF) -tanto de la ley como del reglamento que la desarrolla- incluye una modificación técnica que permite considerar la compraventa de pisos, chales y similares como una actividad económica más, lo que en la práctica supondría duplicar con creces la suma que ahora se debe pagar a Hacienda por este tipo de operaciones. Los asesores fiscales, por su parte, ya han advertido de los riesgos jurídicos que conlleva este cambio, que va en línea con la interpretación que la Dirección General de Tributos (dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda) realiza desde hace bastante tiempo cuando se le consulta sobre cómo se ha de computarse a esos efectos una operación inmobiliaria. Dado que las plusvalías que ahora se generan en este sector son «ingentes» y la nueva redacción legal no es precisamente ni profusa ni precisa, los expertos esperan que se produzca un crecimiento «importante» en los litigios entre la Agencia (Tributaria) y los contribuyentes. Hasta ahora, se consideraba que cualquier compraventa de inmuebles entre particulares se derivaba sin más de su ahorro y sólo generaba ganancias patrimoniales, gravadas ya con un tipo único del 18% (el 15% con el IRPF anterior). Para que estas operaciones fueran tratadas como cualquier otra actividad económica, a la que se aplica la tarifa general del impuesto (cuyo máximo ha bajado del 45% al 43%), era preciso que algunas de las partes dispusiera de un local y, al menos, un empleado, lo que indicaría que funciona como una empresa. Desde principios de año se ha eliminado esa distinción, de manera que habrá que analizar «caso por caso» el objeto de cada operación. Desde Hacienda se reconoce que pueden darse «problemas interpretativos», sobre todo al principio, pero destacan que a cambio se podrán atajar las plusvalías millonarias que hasta ahora obtenían bastantes promotoras por la 'puerta de atrás'. Para ello, los dueños de estas empresas las disolvían una vez finalizado el edificio en cuestión y entonces pasaban a vender sus apartamentos de forma individual como si fueran de su propiedad, con lo que lograban tributar menos por su venta. Con la modificación introducida, dará igual que actúen como particulares o como promotores. Mejora el alquiler Si la compraventa de casas tiene un peor trato fiscal con el nuevo IRPF, no parece ocurrir lo mismo con el alquiler. Su gravamen se mantiene, en términos generales, como estaba antes (continúa la regla de local y personal, que permite a muchos eludir el impuesto de patrimonio), si bien con algunas ventajas. Así, podrán deducirse hasta en cuatro años los gastos generados por pago de intereses u obras en los inmuebles arrendados (incluso aunque resulten rendimientos negativos aplicables a otras rentas distintas), y se reducirá en un 50% la carga correspondiente a los ingresos de la actividad arrendadora (el 100% si quienes alquilan la casa son jóvenes de entre 18 y 35 años). Este y otros cambios introducidos en la normativa tributaria por el Gobierno durante el último año han hecho que la inversión inmobiliaria en España sufra una perdida progresiva de rentabilidad, de manera especial en la vivienda. Así, sólo las oficinas, gracias al aumento en los precios de los alquileres, mantienen más o menos el tirón entre los fondos extranjeros. Según distintos analistas del sector, su rendimiento ha caído tres puntos en el último año (del 13,3% de 2005% al 10,2% de 2006, mientras que las oficinas pasaron del 14,2% al 17,1%), evolución similar a la que se ha registrado en el ámbito industrial. ENTRE PARTICULARES SI HABÍA UNA EMPRESA