Castilla y León encabeza el atasco judicial económico-administrativo

Los tribunales económico-administrativos, tanto el central como los regionales y locales, todavía arrastran desde 1998 un atasco de 156.000 casos, cuya salida no termina de agilizarse, sobre todo en las administraciones territoriales, al haberse reducido el número de expedientes resueltos por ejercicio, si bien éstos continúan por encima de los que entran. La estadística revela que esos órganos tardan, como promedio, dos años y medio de media en dar respuesta a los recursos, de los que sólo estiman poco más de un tercio (35%) y rechazan casi la mitad (48%), pues el resto suelen desistir o se archivan. Comunidad Valenciana, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Cataluña son las regiones que más notan el retraso. Según datos de los tribunales y de la Agencia Tributaria, la nueva carga de trabajo que representan los expedientes ingresados -la mayoría relativos al pago de impuestos (IRPF, Sociedades e IVA), pero también a conflictos con la Seguridad Social y el catastro- se ha estabilizado en unos 141.000 anuales en el período más reciente analizado (2001-2005). Lejos quedan los récord alcanzados en 1994 y 1996, con 219.000 y 191.000 entradas, respectivamente. En el último ejercicio considerado, el 2005, la cifra se redujo a 121.326. Sumados a los asuntos ya acumulados, los jueces se enfrentan cada año a un volumen que ronda los 300.000 casos (unos 80.000 menos que en el 2003, gracias a la reducción de las reclamaciones interpuestas), de los que Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña suponen dos terceras partes (66%), mientras que País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria y Baleares suman menos del 5%. En los últimos años, la media anual de resolución ha alcanzado los 154.500 expedientes (en el 2005, no obstante, esta cifra apenas superó los 143.000), claramente por encima de los 129.000 finiquitados en 1990. Si se toma en consideración el tamaño de cada comunidad autónoma (número de habitantes) y su riqueza (producto interior bruto), los tribunales económico-administrativos con mayor número de expedientes ingresados al año son los de la Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía y Asturias. Si se añaden los asuntos pendientes, los órganos más sobrecargados de trabajo son, junto al valenciano, el castellano-leonés y el andaluz, mientras que el vasco, el navarro y el riojano ocuparían los últimos puestos de esa lista, una tendencia que en casi todos los casos se repite desde hace años. Menos resoluciones El volumen de expedientes resueltos por los tribunales regionales y locales son «claramente decrecientes», según los expertos. Si se ven las tasas de resolución (que comparan los casos nuevos al año con los resueltos en ese mismo período), la mitad de las autonomías (nueve) estaría por encima del nivel de equilibrio, al dar salida a más asuntos de los que ingresan cada ejercicio. Entre ellas, destacan Castilla y León, Cantabria, Asturias y Baleares. Ello provoca que la eficacia no sea muy alta, y apenas se dé abasto a un 40% del trabajo. La mayoría de las regiones tarda entre dos y tres años en resolver un recurso el orden económico-administrativo (con tendencia a incrementar ese tiempo), si bien en La Rioja, Navarra y País Vasco ese plazo se sitúa por debajo del año y medio. Por el contrario, Castilla y León, y Comunidad Valenciana, ocupan más de tres ejercicios en dar respuesta a un caso. La media de expedientes finalmente estimados, total o parcialmente, supera la tercera parte (38%), aunque seis años atrás se acercaba a la mitad (44%). Los tribunales canario, valenciano, murciano y balear son los más propensos a favorecer a los recurrentes. El tribunal económico administrativo central presenta mejores cifras que sus homólogos territoriales, si bien su carga de trabajo es bastante reducida (un 5% del total), y se encuentra por debajo de la que registran media docena de comunidades. Ingresa al año una media de 5.000 causas, que unidos a los ya acumulados da un total de 15.000. Desde el 2001 ha mejorado su tasa de resolución, y ha reducido más de un 50% el número de asuntos pendientes.