Diario de León
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El atasco de los tribunales económico-administrativos, que sólo en el organismo central tiene visos reales de reducirse a cifras soportables , también tiene sus consecuencias económicas, pues decenas de millones de euros se encuentran afectados en estas resoluciones pendientes. Tanto particulares como empresas llevan años a la espera de conocer si se les dará la razón, en la mayoría de los casos frente al fisco, mientras que el Estado mantiene paralizadas esas cantidades sin poder ingresarlas en sus arcas. Los técnicos del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, achacan ese retraso, que ha mejorado poco a poco con los años, a «la falta de medios personales y/o materiales para ser más eficientes». Por ello, recomiendan que se considere «muy seriamente» la opción de utilizar medidas extrajudiciales de resolución de conflictos -mediación, conciliación y arbitraje-, «en lugar de empecinarse en causas estériles de difícil, si no imposible, solución». Recuerdan, en este sentido, que en Italia también existía un «colapso ingente» de causas tributarias (del orden de los 3 millones de pleitos) a principios de los noventa, pero en el año 2000 los habían reducido en más de dos tercios, gracias a que se legislaron una serie de institutos alternativos a la resolución judicial de conflictos. En España, la Ley General Tributaria, vigente desde el verano del 2004, ha creado las «actas con acuerdo» y otras nuevas figuras para reducir la litigiosidad, pero aún no se conocen datos oficiales sobre sus efectos.

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