El Ejecutivo estudia crear un veto para impedir la fuga de sociedades

Las deslocalizaciones de empresas extranjeras en España sacan fuera del país 1.600 millones de euros cada ejercicio y destruyen 3.500 empleos, según los datos recopilados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que, no obstante, matiza la importancia de este problema, al advertir que en bastantes casos estos movimientos no han causado un perjuicio estimable en los sectores donde se han producido. Pese a ello, el Gobierno mantiene su preocupación e incluso se ha llegado a plantear un posible veto legal a la «fuga» de sociedades, mientras la justicia europea ha autorizado a los sindicatos a utilizar la «acción colectiva» para oponerse a ese tipo de operaciones. Entre 1995 y 2005, período analizado por el Ministerio de Industria en un informe remitido a la subcomisión sobre deslocalizaciones creada en el Congreso de los Diputados, un total de 113.289 millones de euros salieron de España, dos tercios de ellos dentro de la industria manufacturera, la más sensible a este tipo de movimientos. Sin embargo, en el departamento dirigido por Joan Clos albergan «dudas» sobre los efectos reales que estas operaciones producen sobre el empleo y la producción nacional, ya que los técnicos sólo observan retrocesos simultáneos en la ocupación y la cifra de negocio en dos sectores: máquinas de oficina y equipos informáticos y, en menor medida, cuero y calzado. Sería ahí donde se podría hablar de un proceso de deslocalización con todas sus consecuencias, pero entre ambas ramas apenas suponen el 1% de las desinversiones extranjeras realizadas en los once años estudiados.