El Gobierno creará diez juzgados para agilizar los casos de desahucio

El Consejo de Ministros presentó ayer las novedades del plan de fomento al alquiler, entre las que destaca la creación de diez juzgados para agilizar los procesos de desahucios, la eliminación de condiciones para obtener las ayudas previstas para los propietarios y los incentivos a los promotores. El Gobierno estudió el plan completo, del que sólo se conocía la parte destinada a dinamizar la demanda, pero que también incluye una serie de iniciativas para impulsar la oferta de vivienda en alquiler y de cuyo contenido sólo se ha dado luz verde a los estatutos de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIS). Entre las novedades más destacadas, el plan prevé la eliminación de algunas de las condiciones para acceder a las subvenciones de 6.000 euros previstas en el Plan Estatal de Vivienda (PEV) para 2005-2005, con el fin de incentivar que los propietarios que alquilen sus pisos vacíos, de tal forma que no se limite la superficie máxima del inmueble y se aumente a más del doble el precio máximo que se puede cobrar por el arrendamiento. Las medidas, presentadas por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Vivienda, Carme Chacón, incluyen la propuesta del Ministerio de Justicia de crear diez juzgados que se especializarían en desahucios en ciudades donde haya una mayor saturación. Además se han tomado en consideración otras medidas que podrían acortar los plazos de un procedimiento que, según los expertos, puede demorarse entre 12 y 18 meses. Entre ellas destaca la posibilidad de acudir a un juicio rápido para la reclamación de deudas, la agilización de las notificaciones a las partes, la limitación del plazo para que el inquilino solicite asistencia legal gratuita o la reducción a 15 días del periodo para ejercer la enervación (plazo para que el inquilino pague su deuda y pueda paralizar el desahucio). Todas ellas son medidas destinadas a incrementar la seguridad de los propietarios, pero con las que «no se trata de reducir ni los derechos ni las garantías de los inquilinos, sino facilitar las acciones judiciales cuando éstos no cumplen sus obligaciones», según puntualizó la vicepresidenta.