El discurso del presidente electo calma la situación convulsa en Costa de Marfil
Los marfileños, a la espera de las medidas anunciadas por Ouattara para volver a la normalidad
El discurso que el presidente electo de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, dirigió la noche del jueves al pueblo marfileño ha servido para relajar la situación dramática que se vivía en las últimas semanas en la capital económica del país, Abiyán, donde ayer sólo se escuchan ya disparos esporádicos.
El Gobierno francés consideró ayer, por medio de su Ministerio de Asuntos Exteriores, que la «era Gbagbo está cerrada», en alusión al gobernante saliente marfileño, que se resiste a entregar el poder a su sucesor, Alassane Ouattara, reconocido por la comunidad internacional vencedor de los comicios presidenciales de noviembre pasado.
Un portavoz de dicho ministerio declaró que el titular de Exteriores, Alain Juppé, habló ayer con Ouattara, a quien comunicó que Francia apoya «las medidas que anunció el jueves tarse de la reanudación de los combates. Pero entonces nos dimos cuenta de que eran tiros aislados», dijo un vecino de Cocody.
La misma situación vive Adjame, barrio en el que se encuentra la gendarmería de Agban, escenario de intensos combates hace apenas unos días.
Aunque en Le Plateau, céntrico distrito en el que se localiza el Palacio Presidencial, está en calma, los vecinos continúan en sus casas.
«Desde anoche no hemos oído un sólo tiro, pero no nos atrevemos a salir», explicó un empleado de un hotel de Le Plateau que no ha podido regresar a su casa desde el inicio de la ofensiva de las Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil (FRCI, fieles a Ouattara), el pasado 31 de marzo.
Tras el anuncio de Ouattara, en su discurso del jueves, de medidas que permitan un retorno gradual a la normalidad y la reanudación de la actividad económica, los marfileños se mantienen a la espera de la aplicación efectiva de éstas.
Entre las medidas anunciadas, se encuentra la suavización del toque de queda en Abiyán y la petición de levantamiento de sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) a los principales puertos del país, Abiyán y San Pedro.