La Comisión Europea mostró ayer su rechazo a la posibilidad de que Alemania o Francia esgriman un posible recorte en las ayudas comunitarias como fórmula de presión contra España y Polonia en los debates de la Conferencia Intergubernamental sobre la futura Constitución de la UE.
, declaró el portavoz de la Comisión Europea, Reijo Kempinnen. España y Polonia rechazan sustituir el reparto de voto en el Consejo previsto en el Tratado de Niza, por el régimen de doble mayoría -las decisiones necesitan el apoyo del 50 por ciento de los Estados, con un 60 por ciento de población- fijado en el borrador de Constitución de la Convención. Ambos perderían poder relativo con el cambio, que beneficiaría a los
grandes : Francia, Italia, Reino Unido y, sobre todo, Alemania. En la apertura de la Conferencia Intergubernamental, el pasado sábado en Roma, el canciller alemán, Gerhard Schroeder, y el presidente francés, Jacques Chirac, advirtieron de que las negociaciones constitucionales
con el debate que se lanzará en diciembre sobre las próximas perspectivas financieras de la UE, y por tanto sobre el futuro de las ayudas comunitarias. Alemania es el principal contribuyente y España, el primer receptor de estas ayudas. Polonia aspira a serlo una vez entre en la UE. La Comisión Europea puntualizó ayer que está a favor del cambio en el sistema de voto del Consejo, por considerar que la fórmula de doble mayoría
que la de Niza, y permite decidir
. No obstante, insistió en que la Tratado Constitucional
y subrayó asimismo que en la conferencia los actuales Estados miembros y los países candidatos
y que la solución final deberá ser
. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Joschka Fischer, considera que la Constitución europea debe aprobarse antes de que comiencen las discusiones sobre las próximas perspectivas financieras de la UE, que regirán a partir de 2007, según afirmó en rueda de prensa tras reunirse ayer con su homóloga española, Ana Palacio.
, declaró el jefe de la diplomacia alemana. La reunión de Fischer y Palacio se produce dos días después de la Cumbre de Roma, en la que los jefes de Estado y Gobierno de los Veinticinco abrieron las negociaciones de la futura Constitución con el objetivo de culminarlas en diciembre.