España se enfrenta al rechazo de gran parte de la UE por el reparto de poder

España se enfrentó ayer durante la reunión de Nápoles al rechazo de gran parte de los ministros de Exteriores de los Veinticinco respecto a sus reivindicaciones sobre el sistema de votación en el Consejo de la UE. La segunda jornada del cónclave de la Conferencia Intergubernamental (CIG) en Nápoles convocado por la presidencia italiana eestuvo marcada por las claras divergencias entre los Estados miembros sobre las cuestiones institucionales. España defendió férreamente mantener el sistema de Niza, que se basa sobre el sistema ponderado de votos clásico establecido por negociación. La propuesta de la presidencia es en cambio la de la Convención, que fija las decisiones por mayoría cualificada cuando más de la mitad de los Estados miembros estén a favor y supongan más del 60 por ciento de la población. Reino Unido defendió que, si no se encuentra ahora solución a la cuestión de los votos, convendría aplazar la cuestión a 2009. Hasta entonces, se podría probar el funcionamiento del Tratado de Niza, que recibió el apoyo de todos los Estados miembros. El ministro de Exteriores alemán, Joschka Fisher, en cambio advirtió de que si en esta ocasión se realizó una Convención y no una CIG clásica es precisamente para no volver a establecer plazos y soluciones a medias. El político alemán reclamó una solución «clara e inteligible» para que los ciudadanos sepan cómo se vota en el máximo órgano de la Unión, y la doble mayoría es el único sistema que permite eso y un equilibrio entre países grandes y pequeños. El atrincheramiento de las posiciones de unos y otros ha sido este fin de semana tan evidente que Jack Straw, el secretario del Foreign Office, llegó a citar al ministro italiano de Exteriores y presidente de la CIG, Franco Frattini, como responsable de una sugerencia de retrasar hasta 2009 la decisión final sobre el procedimiento de decisiones en el Consejo. Ana Palacio no aceptó la argumentación. Advirtió en sala que la Convención europea no había recibido mandato para modificar los aspectos institucionales de Niza, de modo que si la CIG no lograba acuerdos al respecto, no sería lógico proclamar su fracaso. Utilizando, además, una terminología inusual en ella, la ministra española de Exteriores llegó a calificar de «falacia» la pretensión de que la propuesta institucional formulada por el presidente de la Convención, Giscard d'Estaing, dispone de consenso suficiente para salir adelante. Los hechos parecen dar la razón a Palacio. Ayer, un nutrido grupo de países pequeños (Portugal, Austria, Estonia, Dinamarca, Luxemburgo y la República Checa), se declararon partidarios de modificar los porcentajes que el proyecto de Constitución define para las dobles mayorías: el 50% de los socios de la UE y el 50% de la población. La propuesta de los pequeños, que ya fue avanzada por Portugal en los inicios de la CIG, tiene pocas probabilidades de prosperar: hace más difícil el control que los grandes quieren ejercer sobre los actos legislativos de la Unión, y fuerza la desaparición, de facto, del sistema de decisiones por mayoría cualificada, al consagrar como modelo único la simple.