Toledo asegura a la población que no será cómplice de la corrupción

Los manejos tras bambalinas de varios colaboradores del presidente peruano Alejandro Toledo continúan dándole dolores de cabeza. El mandatario, para contrarrestar esas pésimas influencias, se dirigía a la nación asegurando que no será cómplice de la corrupción. El mensaje coincidía con divulgación de las reuniones clandestinas entre su amigo y ex jefe del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), César Almeyda, bajo arresto domiciliario desde el sábado, con el general Oscar Villanueva, cajero de la mafia de Vladimiro Montesinos, brazo derecho del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000). «Estuve y estoy contra todo acto de corrupción, venga de donde venga: los de ayer y los de hoy, los de adentro y los de afuera», dijo Toledo. Y refiriéndose directamente a su ex colaborador expresó su decepción por el mal uso del poder en relaciones ilegales. Tomó distancia al aclarar que «me duele profundamente que el doctor César Almeyda haya actuado a mis espaldas y lamento haber extendido mi confianza a quien ha demostrado no merecerla». El jefe del estado pidió la realización de una investigación profunda, adelantó que su gobierno aplicará próximamente medidas concretas para luchar contra la corrupción, a la que calificó como una tarea de Estado, y trató de alejar a su gobierno del incidente al destacar que «se trata de un hecho aislado que no involucra al gobierno». Defensa Toledo responsabilizó a la red «fujimontesinista» de intentar utilizar el caso para «enturbiar la situación política del país» para generar inestabilidad. «Sus objetivos son claros: desmoralizar a la opinión pública pretendiendo dar la impresión de que todos somos corruptos y por lo tanto nadie debe ser juzgado», señaló. La detención de Almeyda fue ordenada por la jueza Carolina Lizárraga, del segundo juzgado anticorrupción, después de que emisoras locales emitieran grabaciones en las que se comprobaba que negociaba con el general Villanueva, considerado recaudador de Montesinos, quién se suicidó en el año 2002. El ex jefe del CNI, dijo poco antes de su arresto que había mantenido esas reuniones con Villanueva para «orientarlo en su solicitud de acogerse a la colaboración eficaz». Sin embargo, crece la sospecha de que utilizó políticamente la información proporcionada con el militar y, en particular, sobre posibles sobornos a jueces anticorrupción. Al quedar expuesta su actuación, Almeyda fue expulsado del partido gubernamental Perú Posible. Además, al menos cuatro legisladores de ese partido anunciaron que esperan presentar una denuncia contra el ex asesor presidencial por presuntos delitos de encubrimiento personal, encubrimiento real y cohecho propio, a la que podrían sumarse otros congresistas.