Venezuela se parte en dos

Opositores y seguidores del presidente Hugo Chávez volvieron ayer masivamente a las calles de Caracas, esta vez sin crear incidentes, unos para exigir un referendo contra el gobernante y otros para impedirles acercarse a la sede del gobierno. Seis columnas humanas procedentes de diferentes zonas caraqueñas concentraron a una muchedumbre opositora en una avenida próxima al centro de la ciudad, aunque fuentes independientes no proporcionaron cifras de asistentes y hablaron sólo de «una impresionante multitud». Allí los opositores enarbolaron carteles donde exigieron «votos y no balas» y levantaron una tarima engalanada con una bandera de Venezuela manchada de sangre, siempre vigilados desde el aire por helicópteros de fuerzas bajo el mando del Gobierno. Personas que dijeron que en los últimos días fueron golpeadas, tiroteadas y torturadas por fuerzas antidisturbios gubernamentales hicieron uso de la palabra junto a varios de los dirigentes «antichavistas» que clamaron unidad contra el gobierno. Los manifestantes fueron vigilados por 3.000 agentes de cuerpos policiales al mando de alcaldes opositores, acusados por el Gobierno de contribuir, «por acción u omisión», a los incidentes que entre el 27 de febrero y el miércoles pasado dejaron al menos siete muertos, más de 200 heridos y más de 300 detenidos. Se desconoce con exactitud el número de víctimas y cuántas son opositoras, oficialistas y de los cuerpos de seguridad bajo órdenes «antichavistas» o del Gobierno que actuaron en esos enfrentamientos. El Ejecutivo también culpó de los hechos, caracterizados por barricadas, a «activistas pagados por la oposición», algunos armados hasta con ametralladoras, según aseguró Chávez el pasado viernes. «Gobierno criminal» Las más importantes organizaciones pro derechos humanos del país criticaron «la utilización desproporcionada de la fuerza» por parte de los efectivos antidisturbios gubernamentales y «el uso de armas de fuego por manifestantes afectos o adversarios del Gobierno». «Este es un gobierno criminal y el más corrupto de la historia», dijo en su discurso el dirigente opositor Andrés Velásquez, lo que repitieron varios otros, entre ellos Enrique Mendoza, el principal líder de la alianza Coordinadora Democrática, que arrancó de la multitud gritos de «asesino, asesino» contra Chávez. Los disturbios comenzaron cuatro días antes de que el Poder Electoral anunciara el martes que a la Coordinadora le faltan unas 600.000 firmas para llegar a los 2,4 millones requeridos para la celebración de un referendo presidencial. No obstante, sentenció que existen «dudas razonables» sobre la autenticidad de otras 1.100.000 firmas y abrirá en el corto plazo una fase de ratificación para que sus titulares puedan confirmarlas o retirarlas, lo que mantiene la consulta aún sin confirmación. Sectores opositores más conciliatorios iniciaron diálogos con directivos del Poder Electoral para precisar aspectos del proceso de ratificación de firmas, en tanto que otros más radicales rechazan toda negociación y propugnan la desobediencia ciudadana. A una distancia de cerca de un kilómetro de la tarima opositora, en la céntrica avenida Bolívar, una protección popular y militar al palacio presidencial de Miraflores fue disimulada con un «megamercado» con asistencia de cientos de seguidores de Chávez. Los seguidores de Chávez acusaron a la oposición de violenta y fraudulenta y se felicitaron que en el mismo «megamercado» pudieran recibir asistencia médica gratuita, gestionar créditos bancarios, inscribir a recién nacidos o renovar sus cédulas de identidad u obtener licencias para conducir, entre otros servicios públicos. Auxilio a un español Mientras, representantes de la familia de José Manuel Vila Liñares, el hijo de gallegos que murió el pasado lunes en Caracas durante los disturbios contra el presidente Hugo Chávez, pidieron hoy la mediación del Gobierno español para que la Fiscalía venezolana y la Defensoría del Pueblo abran una investigación que determine las causas de su muerte. Acompañados por el director de la asociación Gente del Petróleo, Juan Fernández, la familia acudió a la Embajada de España en Caracas para hacer entrega de una carta al embajador Manuel Viturro de la Torre. «En la carta explicamos de manera breve lo ocurrido y solicitamos sus buenos oficios para instar por las vías diplomáticas a las instituciones venezolanas a la apertura de una investigación urgente», dijo Fernández tras salir de la Embajada. La madre de José Manuel Vila, que también estuvo presente en el acto, reveló que su hijo nunca quiso abandonar Venezuela a pesar de haber perdido su trabajo. Además, pidió al presidente Chávez que atienda sus demandas. «Sólo quiero pedirle explicaciones por la muerte de mi hijo», subrayó.