Los británicos creen que la creación de un DNI recortará sus libertades

Los atentados de Londres han vuelto a poner sobre la mesa la polémica cuestión del DNI británico; mientras el Gobierno considera que tener un documento oficial que acredite la identidad de cada persona, algo que, hoy por hoy, no existe en las islas, ayudaría a combatir el terrorismo, muchos ciudadanos temen que tal medida limite las libertades individuales. Esta cuestión ya se planteó tras el 11-S, cuando Tony Blair decidió aplicar unas polémicas leyes antiterroristas que, para muchos, violan derechos fundamentales. Tras ese primer paso, Londres proyectó un registro centralizado de los 50 millones de ciudadanos del Reino Unido, con un archivo automatizado de datos personales e impresiones digitales. Pero para los británicos, este proyecto sencillamente va en contra de sus libertades y supone incluso una cuestión «psicológica», al significar un cambio fundamental en el equilibrio de los poderes entre el ciudadano y el Estado. En efecto, los documentos de identidad están asociados para los británicos con la Segunda Guerra Mundial. Instaurados en 1939, desaparecieron en 1952, bajo el Gobierno de Winston Churchill. Para identificarse, los británicos tienen las actas de nacimiento y luego sus tarjetas de seguridad social, carnés de conducir, de la universidad o la Administración Pública si trabajan para ella. Los pasaportes quedan en muchos casos reservados sólo para aquellos que viajan al extranjero. Más de la mitad, en contra Después de una dura batalla entre Gobierno y oposición, el proyecto de Blair había obtenido a fines de junio un ajustado voto favorable en segunda lectura en la Cámara Baja del Parlamento. Sin embargo, una encuesta publicada por el diario Daily Telegraph tres días antes de los atentados, afirmó que sólo el 45% de los británicos estaba a favor de la implantación de una tarjeta de identidad. La nueva situación creada por los ataques de Londres puede hacer que algunos revisen su opinión. Como manifestó un británico presente en los actos de conmemoración de la Segunda Guerra Mundial al decir que «Si usted no hizo nada malo ni tiene ningún problema con la ley, ¿qué problema puede tener en que le identifiquen?». Pero para lograr el apoyo de la población, el Gobierno deberá superar no sólo los obstáculos filosóficos, sino también otros más prácticos: según un estudio de London School of Economics su costo sería de 19.000 millones de libras (unos 34.350 millones de dólares), es decir unas 380 libras por persona, algo que Downing Street rechaza. Como las tarjetas de identificación (que deberían empezar a circular a partir de 2008) no serán de uso obligatorio por el momento, es difícil saber el impacto real que tendrán en la lucha contra «el terrorismo o la inmigración»