La exclusión social y la pobreza desencadenaron la revuelta en Francia

El informe de los servicios secretos sobre la ola de violencia urbana que sacudió Francia entre octubre y noviembre los define como «una forma de insurrección no organizada», que desembocó «en una revuelta popular sin líder ni programa», y cuyo factor principal fue la exclusión social. Este diagnóstico choca con el reiterado por el ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, que sigue insistiendo en señalar a «las mafias» y «las bandas» como instigadoras. El informe confidencial de la Dirección Central de Informaciones Generales que ayer publicó Le Parisien destaca tres rasgos inéditos en las tres semanas de disturbios: nunca tantas poblaciones se habían visto afectadas de forma simultánea, nunca un movimiento de este tipo se había prolongado durante tanto tiempo y nunca hasta ahora la violencia había costado tan cara: más de 250 millones de euros, en una estimación todavía provisional. Desesperanza social Descartados los padrinos y los fundamentalismos religiosos, el informe constata una profunda desesperanza social y una pérdida de confianza total hacia las instituciones de la República: «Los jóvenes de los barrios sensibles se sienten penalizados por la pobreza, el color de su piel y sus apellidos». Sus señas de identidad se reducen a «su condición social de excluidos de la sociedad francesa». Ignorando el análisis de los servicios secretos, Sarkozy vuelve a señalar como culpable al crimen organizado. En una larga entrevista que publica Le Point , reconoce la existencia de «racismo, discriminación y desigualdad», pero considera que «no podremos hacer revivir a los suburbios mientras las mafias estén ahí» y «una banda se apropie de un territorio y haga reinar la ley de la fuerza». Pero la realidad se empeña en llevarle la contraria al ministro del Interior, que convirtió en cruzada personal la expulsión de los extranjeros detenidos durante los disturbios y anunció que los primeros serían «los 122 ya condenados». Unos días después, el número de expedientes abiertos se redujo a diez y desde ayer son sólo siete los que siguen en marcha. Los jueces de un tribunal de Pontoise se han declarado contrarios a la expulsión de un mauritano de 21 años residente desde los tres. En situación regular y sin antecedentes penales, el joven niega además haber participado en los actos de violencia y acusa de «racismo» a la policía. Y si en plena crisis de los suburbios la popularidad de Sarkozy parecía desbordarse, las dos últimas encuestas dan un nuevo vencedor en el aprecio de los franceses: el primer ministro Dominique de Villepin sube cinco puntos, consigue una confianza del 53%. «Francia vivió una forma de insurrección no organizada, una revuelta popular en ciertos barrios, sin líder ni programa» INFORME DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA FRANCESES