Agua y gas para todos

Guido Apasa Tacachira vive junto a su mujer y su hijo en una casa de adobe situada en la periferia de El Alto, ciudad vecina a La Paz. Como la zona carece de alcantarillado, se ven obligados a utilizar la ribera de un río cercano a modo de retrete. Al estar privados también de agua corriente, tienen que comprar garrafas de 48 litros que les cuestan 4,5 bolivianos. Apasa Tacachira estima que el 30% de lo que gana conduciendo un minibús lo destina a pagar el agua que consume su familia. Con un millón de habitantes, El Alto es la urbe que más crece en Bolivia. Miles de campesinos llegan a ella cada año en busca de un nuevo comienzo, lejos de la miseria del área rural. Se estima que el 20% de los habitantes de esta ciudad carecen de alcantarillado, una de las principales razones que dieron pie a lo que se conoció como la «segunda guerra del agua». Abel Mamani, uno de los líderes vecinales que encabezó las protestas, afirma que la empresa Aguas del Illimani, cuyo principal accionista es la compañía francesa Suez, no quiso escuchar sus reclamos. «Por eso, y por el mal servicio, decidimos salir a las calles en noviembre del año 2004». Tras varios meses de hostilidades en las que los vecinos cortaban las carreteras, organizaban huelgas y marchaban a La Paz, en enero del 2005 el Gobierno decidió entablar negociaciones con la compañía hasta que, finalmente, se decidió que sería adquirida por el Estado. «La situación no se podía mantener, había personas que llevaban años esperando la conexión de agua», explica Eduardo Rojas, viceministro de Servicios Básicos. «El problema era que no sabíamos cuánto debíamos pagar, así que ordenamos una auditoría que terminará en marzo y que nos dará su valor». Una larga lucha La primera guerra del agua, que tuvo lugar en Cochabamaba en el año 2000, involucró a la empresa privada Aguas del Tunari, de la que participa la compañía espa-ñola Avengoa. «Lo primero que hizo Aguas del Tunari fue aumentar las tarifas un 200%, y esto sacó a la gente a las calles», explica Eduardo Rojas. «Y fue tal la presión, que en tres meses la empresa abandonó las operaciones». Después de cinco años de alegaciones frente a un tribunal arbitral, y de negociaciones paralelas, esta semana, que parece estar resultando decisiva para el futuro de Bolivia, se logró un acuerdo. «Las empresas Water BV y Avengoa, que pedían 50 millones de dólares de indemnización, recibieron un boliviano cada una que un policía les entregó el jueves por la tarde, pues ya no tenían más ganas de seguir luchando», explicó Eduardo Rojas. Ese mismo día, Evo Morales anunció que crearía un Minis-terio del Agua. Y afirmó que «el acceso al agua es un derecho humano». Con respecto al gas, el otro elemento natural que en Bolivia causó violentos enfrentamientos, Morales prometió a lo largo de la campaña electoral que sería nacionalizado. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha mostrado conciliador, señalando que Bolivia «necesita inversiones extranjeras». El viernes, en un encuentro con periodistas, el embajador español Juan Francisco Montalbán, dijo que las empresas de nuestro país «no están preocupadas». Según el diplomático, ahora hay que esperar a que el nuevo gobierno haga su propuesta.