Sarkozy sedesmarcade Villepin pormantenerelcontratoparajóvenes El cambio de fe se paga con la muerte en Afganistán Blair descarta dimitir tras el escándalo de los préstamos EE.UU. espió durante 40 años el programa nuclear francés Ecuador declara el

Los estudiantes franceses saldrán hoy nuevamente a la calle para exigir la retirada del Contrato de Primer Empleo (CPE), que empieza a provocar las primeras divisiones en el seno de la derecha gobernante. La cabezonería del primer ministro Dominique de Villepin, ya no es evocada exclusivamente por la izquierda: el ministro del Interior Nicolás Sarkozy y sus partidarios han iniciado un claro desmarque. Sarkozy desmintió incluso que su intención sea abandonar el gobierno, tal y como llegó a rumorearse. Su posición sobre el contrato que contestan jóvenes y sindicatos es «solidaria pero diferente»: propone un periodo de prueba de seis meses como lo más «sensato» y reconoce que «si hay incomprensión es forzosamente porque no hemos dialogado lo suficiente». Estas declaraciones, publicadas por la revista Paris-Match , las recogió al vuelo el secretario general socialista François Hollande que en un agitado pleno parlamentario reprochó a Villepin la división en su propio gobierno. El primer ministro reiteró entonces entre abucheos que desea «el diálogo sin a priori», un día después de haber excluido «la retirada, la suspensión o la desnaturalización» del CPE.  El domingo, Sarkozy pidió primero a Villepin y después a Chirac la suspensión durante un mes del contrato para reconducir una situación que considera «peligrosa» a cinco meses de la ola de disturbios que asoló los barrios deprimidos de Francia. Los institutos de la periferia parisina registran estos días nuevas explosiones de violencia. Ayer fue cerrado el de La Courneuve tras ser invadido por una banda de agitadores. Aunque ayer no hubo convocatoria oficial, las manifestaciones espontáneas se reprodujeron. La movilización más espectacular, el corte de todos los accesos por carretera al centro de Poitiers desde las 7 de la mañana hasta que la policía logró restablecer la normalidad tres horas después. Sindicatos y  estudiantes advierten: «El gobierno juega con fuego y Villepin ha caído en la provoca ción». El Gobierno afgano se encontraba ayer bajo la presión de varios países occidentales -incluido Estados Unidos, su principal apoyo financiero- muy preocupados por el caso de un afgano convertido al cristianismo que podría ser condenado a muerte por abandonar el islam. El proceso de Abdul Rahman, de 41 años, se ha convertido en una prueba para el Gobierno. El presidente Hamid Karzai cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, pero su Gobierno rige el destino de un país musulmán extremadamente conservador. EE.UU., Alemania e Italia manifestaron su preocupación por la suerte de este afgano. Se trata del primer ciudadano procesado por abandonar el islam después de la caída del movimiento Talibán, símbolo del islam integrista y expulsado del poder a fines de 2001. En Estados Unidos, enemigo de los talibanes, así como principal respaldo militar y financiero de Hamid Karzai, el Departamento de Estado indicó el lunes «que sigue muy de cerca» el caso de Abdul Rahman. En Italia, el gobierno señaló el martes su «preocupación» y subrayó que «se esforzará» por llevar el caso «al nivel más elevado» durante la cumbre europea de Bruselas, los días 22 y 23 de marzo. En Alemania, donde el acusado vivió durante nueve años, varios ministros señalaron su inquietud, incluyendo al titular de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, quien afirmó que intervendría personalmente en su favor «si fuese necesario». Acusado por su familia Abdul Rahman fue encarcelado hace dos semanas, después de que sus familiares revelaran a la policía su conversión, dijo el juez de la Suprema Corte Ansarulá Mawlavizada. «Él se convirtió al cristianismo, lo que está prohibido por la ley», agregó el magistrado. El acusado abandonó el islam por el cristianismo hace 16 años, cuando trabajaba para una ONG cristiana en Peshawar (Pakistán). Luego vivió nueve años en Alemania y regresó a su país en 2005, según la prensa alemana. Aparentemente Abdul Rahman está peleado con su familia, que tiene la tutela de sus dos hijas de 13 y 14 años. Esta enemistad condujo al parecer a sus parientes a denunciarlo a la policía, según fuentes judiciales. La sharia (ley religiosa islámica) prohíbe a todo musulmán convertirse a otra religión, un acto que se castiga con la ejecución. La Constitución de la República Islámica de Afganistán, adoptada en enero de 2004, estipula que «ninguna ley puede ser contraria a los principios» de la sharia . Este caso podría plantear un grave problema al gobierno de Karzai, ya que los países occidentales que lo apoyan económicamente le exigen que abra Afganistán al mundo no musulmán. Blair ha rechazado públicamente su dimisión. El partido del primer ministro británico fue acusado de recibir préstamos millonarios secretos en un total de unos 20 millones de euros, a cambio de prometer asientos en la Cámara de los Lores. Ahora, cuando el escándalo se ha destapado, cuatro de los doce prestamistas que no han logrado sus propósitos exigen al partido que les devuelva el dinero. | o.s. Estados Unidos espió durante varias décadas el programa francés de armas nucleares, desde el final de la II Guerra Mundial. El Gobierno estadounidense ha desclasificado 32 documentos, fechados entre febrero de 1946 y junio de 1987, que fueron redactados por la CIA, el Departamento de Estado, el Comando Estratégico del Aire, el Comando del Pacífico y el Proyecto Manhattan. | colpisa Ecuador declaró ayer el «estado de excepción» en seis provincias paralizadas por una protesta de las organizaciones indígenas, que se oponen a la negociación del tratado de libre comercio (TLC) con EE.UU. Esta es la segunda vez en este mes de marzo que el Ejecutivo ecuatoriano declara el estado de emergencia, pues el pasado día 7 lo hizo en las provincias amazónicas petroleras de Napo, Sucumbíos y Orellana. | efe El presidente de Bolivia, Evo Morales, insinuó ayer que Estados Unidos envía terroristas a su país, al referirse a la detención de un estadounidense acusado de dos atentados dinamiteros que dejaron dos muertos y ocho heridos la noche del martes en La Paz. «¿Hay lucha contra el terrorismo del Gobierno de EE.UU. o nos manda a norteamericanos a hacer terrorismo en Bolivia?», preguntó el mandatario socialista. | efe