Diario de León

Las discrepancias existentes obligan a realizar una auditoría sobre las inversiones

Bolivia aplaza tres meses las negociaciones con las petroleras

Advierte que no dialogará con las empresas que llevan a juicio sus nacionalizaciones

Evo Morales, esta semana en el Palacio Egmont de Bruselas

Evo Morales, esta semana en el Palacio Egmont de Bruselas

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efe | la paz

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La negociación entre el Gobierno de Bolivia y las petroleras para la firma de nuevos contratos se aplazará tres meses, hasta la finalización de una auditoría de la inversión efectuada por las compañías, anunció ayer el ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Soliz, en la Cámara de Diputados, donde ofreció un informe sobre los alcances de la medida de Evo Morales. «Estamos hablando de tres meses», hasta contar con el resultado del estudio, «para tener los otros tres (meses) destinados a la negociación de los contratos», precisó el ministro en una rueda de prensa en La Paz. El Ejecutivo boliviano, presidido por el socialista Evo Morales, decretó el pasado 1 de mayo la nacionalización de los hidrocarburos y concedió un plazo de seis meses a las multinacionales con inversiones en el sector para adecuar sus contratos a las nuevas reglas de juego. Tras la incertidumbre inicial, la nacionalización ha dado paso a las primeras conversaciones entre las autoridades bolivianas y las multinacionales Repsol YPF, de capital hispano-argentino, y Petrobras, de Brasil, además de otras que operan en el país desde hace una década. Sin embargo, hasta ahora no se conocen grandes avances en ese proceso, en el que los gobiernos de Madrid y de Brasilia han ofrecido sus buenos oficios para llegar a una solución que beneficie a ambas partes. Soliz indicó que la revisión de la gestión económica de estas firmas será realizada directamente por el Ministerio de Hidrocarburos. Según el ministro, la decisión se debe a las discrepancias entre el Ejecutivo y las compañías afectadas por la nacionalización sobre la inversión que realizaron desde que tomaron control de los campos bolivianos, en la década pasada. También obedece a la necesidad de aclarar con precisión el gasto efectuado en el desarrollo de los pozos, porque las multinacionales presentan cifras que el Ejecutivo de La Paz no comparte. Ante el pleno del Congreso, Soliz advirtió que no negociará nuevos contratos con las empresas petroleras que recurran a arbitrajes internacionales contra el decreto de nacionalización de los hidrocarburos firmado el pasado 1 de mayo. «Advierto a las empresas petroleras: no se puede seguir juicios de arbitraje a Bolivia y al mismo tiempo negociar nuevos contratos. La empresa que va a un arbitraje, se va no más al arbitraje, pero no discute nuevos contratos», remarcó. «El primer requisito para quedarse en el país es reconocer la nacionalización», dijo Soliz. No obstante, el ministro subrayó que confiaba en que las compañías no apelarán a tribunales internacionales porque aseguró que los contratos se están trabajando con «un gran blindaje jurídico». Por otra parte, el Gobierno de Bolivia rechazó ayer las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que negocie con las empresas petroleras afectadas por la nacionalización de los hidrocarburos. El FMI «no puede hacer ese tipo de sugerencias de política», dijo el ministro boliviano de Hacienda, Luis Arce. «Es una potestad del Gobierno boliviano efectuar o no efectuar las negociaciones con cualquier empresa», agregó.

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