Los pandilleros recluidos en el centro penitenciario de Apanteos originaron una reyerta el viernes
El Salvador se replantea el sistema carcelario tras 21 muertos en un penal
Las autoridades trasladan a un centenar de reclusos y declaran el estado de emergencia

Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la policía custodian a varios reos
Los 21 reos muertos en la matanza perpetrada el sábado por pandilleros recluidos en el centro penitenciario de Apanteos, en el oeste de El Salvador, obligará a las autoridades a replantearse el sistema carcelario. El diputado Sigfrido Reyes, portavoz del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), declaró ayer que «esta es una nueva evidencia, dolorosa y sangrienta, lamentablemente, del fracaso de la política penitenciaria del gobierno de (Elías Antonio) Saca». Para el diputado Nornan Quijano, de la gubernamental Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), el principal problema en los centros penitenciarios es el «enorme hacinamiento, lo cual les vuelve vulnerables» y defendió la actuación de las autoridades. Sin embargo, ambos coincidieron en que deben adoptarse medidas para evitar que en la historia carcelaria del país se vuelva a escribir otra página como la de este fin de semana en Apanteos, con esta barbarie. El portavoz de Centros Penales, Alberto Uribe, informó ayer de que la cifra de 21 fallecidos se estableció la noche del sábado, cuando se concluyó la revisión de las instalaciones del centro, situado a unos 70 kilómetros de San Salvador, en el departamento de Santa Ana. Las autoridades han identificado a 16 víctimas: Arturo Aguilar, Rigoberto Hernández, Carlos Kearly, José Rodríguez, Nelson Majano, Renè Virgilio Tejada, Francisco Martínez, José Sánchez, Salvador Ruíz, Raúl Carranza, José Ponce, Jesús Ábrego, Carlos Ovidio Gómez, José Petronilo Pineda, Santos Fuentes y Francisco Amaya. Al resto de víctimas no ha sido posible hacerles la identificación judicial porque los cadáveres presentan los cráneos y rostros destrozados. Los hechos comenzaron la noche del viernes y la situación se controló el mediodía del sábado (18.00 GMT), después de que centenares de agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaran en el recinto. Según los informes, la Fiscalía está investigando la «Mara 18», una de las pandillas más grandes del país. Pandilleros en prisión En El Salvador, según informes policiales, existen unos 9.600 pandilleros, de los cuales unos 3.000 se encuentran en prisión. Reyes insistió en que no es la primera vez que durante el gobierno de Saca ocurren matanzas en las cárceles, la peor de todas se registró el 18 de agosto de 2004 en el centro penal La Esperanza, en Mariona, 25 kilómetros al norte de San Salvador, donde 31 reos murieron y 30 resultaron heridos en una reyerta. «Esto significa que el gobierno no tiene el control real de los centros penales, es un sistema penitenciario que permite el ingreso de armas, drogas, equipos de comunicación y del que las mafias se han prácticamente apoderado, con la anuencia de las autoridades», afirmó. Reyes aseguró que las políticas penitenciarias no cumplen el mandato constitucional de rehabilitar a los presos, las cárceles «se han convertido en centros de organización del crimen, puestos de mando para operaciones mafiosas». Reyes dijo que el FMLN «deplora profundamente lo que ha sucedido, (...) pero la responsabilidad principal es del ministro de Seguridad y Justicia (René Figueroa) que carga una larga cadena de fracasos y debería renunciar». El diputado Quijano de Arena dijo que además del hacinamiento en las cárceles, estas matanzas se deben «más que todo a riñas entre maras, donde las rencillas llegan hasta la muerte». Quijano consideró que se debe reforzar la infraestructura carcelaria, aunque «una turba de mil personas de ese tipo, hacinadas, violentas, son capaces de botar un edificio, una casa, no digamos una pared de una cárcel». Traslados Uribe dijo que, como medida preventiva, un centenar de reclusos han sido trasladados desde Apanteos al Centro Penal de Occidente, en la ciudad de Santa Ana. La Dirección de Centros Penales declaró el sábado el estado de emergencia durante quince días en el centro penal de Apanteos, por lo que, según explicó Uribe, los internos estarán aislados en ese período, y no recibirán visitas de sus familiares.