Musharraf responde con el estado de excepción al pulso del Supremo Pakistán, al borde del abismo EE.UU. e Inglaterra, preocupados por el giro que toma la situación

El presidente de Pakistán, general Pervez Musharraf, declaró hoy el estado de excepción en el país, pocos días antes de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre la legalidad de su reciente reelección como jefe del Estado. Un anuncio difundido por la televisión estatal informó de la entrada en vigor del estado de excepción y de «un nuevo orden constitucional provisional» ante «el deterioro» de la ley y el orden en Pakistán. Según el texto que proclama el nuevo orden y suspende la Constitución de 1973, la medida responde a «un visible incremento de las actividades de extremistas y de ataques terroristas», además de a la «creciente interferencia por parte de algunos miembros de la judicatura en la política del Gobierno». Ello «ha debilitado» al Ejecutivo, además de «desmoralizar completamente» a las fuerzas de seguridad y las agencias de Inteligencia, a las que «se les ha impedido perseguir a terroristas», añade el texto. También acusa a miembros del poder judicial de haber ordenado la liberación de «núcleos duros de militantes» que posteriormente «han estado implicados en atroces actividades terroristas». «Algunos jueces, sobrepasando los límites de su autoridad judicial, han tomado funciones ejecutivas y legislativas», afirma la orden, y concluye que, en vista de que «la Constitución no ofrece soluciones a esta situación, no hay más salida que la de adoptar medidas extraordinarias». El anuncio se difundió poco después de que todas las cadenas privadas de televisión vieran suspendida de improviso sus emisiones, mientras se restringieron también algunos medios electrónicos y las comunicaciones telefónicas en Islamabad. De forma simultánea, efectivos del Ejército y paramilitares se desplegaron en puntos clave de la capital, entre ellos el edificio del Parlamento, el de la radio y la televisión estatal y el del Tribunal Supremo. En este último se habían reunido el presidente del alto tribunal, Iftikhar Chaudhry, y otros ocho magistrados, que declararon inconstitucional el nuevo orden proclamado por Musharraf antes de ser puestos «bajo custodia» por fuerzas gubernamentales. Varios efectivos de las fuerzas de seguridad se llevaron a Chaudhry y a los otros ocho magistrados a un lugar que no ha sido revelado, según fuentes judiciales. Musharraf nombró, casi de inmediato, al juez Hameed Dogar nuevo presidente del Tribunal Supremo en sustitución de Chaudhry, quien a principios de este año fue la cabeza visible de un movimiento sin precedentes de contestación al régimen del general. Nuevo juramento La imposición del estado de excepción supone, entre otras cosas, que los magistrados del país deben prestar de nuevo juramento ante el presidente antes de poder ejercer nuevamente sus funciones. Ello significa, en la práctica, el bloqueo del caso abierto contra Musharraf en el Supremo, que analizaba estos días la legalidad de su reelección como presidente, el pasado 6 de octubre, y tenía previsto pronunciar su veredicto la próxima semana. También el presidente de la Asociación de Magistrados del Supremo, organismo que había desafiado el estado de excepción y anunciado su oposición a cualquier acto contra la Constitución de 1973, se encuentra «bajo custodia», informó una fuente legal. En medio de esta situación, se espera que la ex primera ministra Benazir Bhutto, líder del opositor Partido Popular de Pakistán (PPP), regrese a Pakistán en las próximas horas desde Dubai, Según los analistas, el objetivo de Bhutto es desafiar abiertamente el estado de excepción, que deja en el limbo el acuerdo alcanzado entre la ex primera ministra y Musharraf a principios de octubre. Esta misma semana y en medio de insistentes rumores sobre la proclamación del estado de excepción, la líder opositora advirtió de que si se declaraba esta medida habría protestas masivas en las calles. El nuevo orden concentra los poderes ejecutivos en Musharraf, al tiempo que le permitiría prorrogar hasta un máximo de un año la legislatura del actual Parlamento, que en teoría expira el próximo día 15 de este mes. EL GENERAL Musharraf, presidente del Pakistán, confirmó los pronósticos que desde el miércoles le describían como proclive a un golpe de Estado y ayer destituyó al presidente del Tribunal Supremo, canceló la libertad informativa (cadena nacional y oficial de TV) y mencionó un 'nuevo orden constitucional' que, sencillamente, equivale a un golpe de Estado. Los rumores sobre este arriesgado paso del rubicón por los militares eran antiguos, pero habían cedido tras el acuerdo Musharraf-Benazir Bhutto, jefa del primer partido de la oposición sobre una salida negociada y se reactivaron peligrosamente cuando el miércoles el presidente del Supremo, Mohamed Chaudhry dijo que no habría decisión sobre la legalidad de la reelección del presidente antes de que este asumiera su nuevo mandato, el día quince. Esa aparente nimiedad es sustancial: en primer lugar confirma que el juez Chaudhry, está resuelto a seguir desafiando al poder y que no da por hecho que la reelección del presidente por los parlamentos regionales y estatal antes de colgar el uniforme sea técnicamente legal. Pero si Musharraf asumía y después era desposeído (aunque su intención era dejar la jefatura de las fuerzas armadas al día siguiente de jurar como presidente civil) la crisis sería, a su vez, una humillación que el general no estaba dispuesto a sufrir. Y con él, con toda probabilidad, el Estado Mayor del que se dice ha presionado al general para decidirle a actuar como finalmente lo ha hecho: por la fuerza. El escenario es parecido al de 1999, cuando Musharraf tomó el poder con un golpe incruento, con dos diferencias decisivas: entonces hubo una sensación de alivio a la vista del caos a que habían llevado al país los partidos civiles y, además, el auge del islamismo yihadista no era el de ahora, con amplias zonas del país en manos de los insurgentes En términos geoestratégicos, en fin, el nuevo escenario tiene el inconveniente de que, tal vez, no tiene la aprobación de Washington que, en cambio, apadrinaba el arreglo con Bhutto, las legislativas en enero o febrero y una estabilidad al servicio de la lucha militar contra el terrorismo y el islamismo. La decisión de Musharraf y los militares es una apuesta arriesgadísima sin garantía alguna de éxito. Estados Unidos está «profundamente preocupado» por la instauración del estado de excepción en Pakistán decidido por el presidente Pervez Musharraf y exigió la celebración de elecciones en enero como estaba previsto, según el portavoz del departamento de Estado, Sean McCormack. «Estados Unidos está muy preocupado» por la instauración de un estado de excepción, declaró Sean McCormack, según un comunicado del departamento de Estado divulgado este sábado. «Exigimos que cumpla con sus compromisos inmediatamente», subrayó McCormack, quien destacó la promesa del general y presidente paquistaní de realizar elecciones legislativas el 15 de enero de 2008. Estos comicios estaban considerados como una etapa crucial para el restablecimiento de la democracia en Pakistán, una potencia nuclear de 160 millones de musulmanes. En similares términos se manifestaba El ministro británico de Exteriores, David Miliband, se declaró «muy preocupado» por la situación en Pakistán, donde el presidente, Pervez Musharraf, ha declarado el estado de excepción y un «nuevo orden constitucional provisional». «Todos los amigos de Pakistán se sentirán preocupados por el giro de los acontecimientos», afirmó en un comunicado difundido por su ministerio. «Reconocemos -continuó- la amenaza para la paz y la seguridad que afronta el país,»