Diario de León

El magistrado quiere que los ciudadanos de cualquier país denuncien casos para juzgarlos

El juez Pedraz pide apoyo mundial para investigar el genocidio maya

En Guatemala el máximo tribunal anuló en diciembre el proceso abierto sobre las matanzas

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efe | madrid

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido a los ciudadanos de cualquier país del mundo que hayan podido ser testigos del genocidio de Guatemala o puedan aportar alguna información, que lo denuncien en sus respectivos juzgados para que lo remitan al suyo, que investiga los hechos. El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha reclamado la colaboración ciudadana mundial para perseguir a los responsables del genocidio cometido en Guatemala entre 1961 y 1996 a través de los medios de comunicación guatemaltecos y del resto de países. En un auto hecho público ayer, Pedraz detalla el contenido de esta nota que será remitida a todos los medios de comunicación, en la que pide la cooperación de personas que sean víctimas, perjudicados, testigos «o cualesquiera otras» que puedan aportar información relevante sobre «el genocidio y demás delitos cometidos contra el pueblo maya en Guatemala». El magistrado ha tomado esta decisión después de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal de justicia del país, decidiera el pasado 12 de diciembre anular un proceso judicial abierto contra cinco militares y dos civiles guatemaltecos acusados de este genocidio, que, según recuerda en el auto, causó más de 250.000 víctimas -más de 45.000 siguen desaparecidas-, de ellas el 83% eran mayas. La Corte dictaminó que España no tiene competencias para juzgar a guatemaltecos y anuló las órdenes de detención cursadas contra esas siete personas. Las diligencias que tiene abiertas el Juzgado de Pedraz en relación con esta causa, iniciadas a partir de una denuncia de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en 1999, se refieren, por un lado, a la presunta participación de los siete acusados en el incendio de la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, donde hubo 37 muertos, y, por otro, a su implicación en delitos de genocidio en la década de los ochenta.

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