La UE pacta una norma común para expulsar a los «sin papeles»

El Consejo de Justicia e Interior de la UE dio visto bueno a la proyectada «directiva de retorno», a través de la cual los países miembros de la UE pretenden armonizar el trato a los inmigrantes 'sin papeles' en la Europa comunitaria. El paso del proyecto de Directiva por el Consejo tuvo carácter de mero trámite. La víspera, los Representantes permanentes, reunidos en Coreper, habían conseguido desbrozar las últimas suspicacias de algunos Estados miembros sobre la gratuidad de la ayuda jurídica que deberán recibir las personas detectadas en condición irregular. A pesar de que el pasado día 22 el Coreper parecía haber alcanzado un acuerdo sobre el conjunto de la propuesta, este tema concreto de la asistencia jurídica gratuita había despertado recelos en los interlocutores de la Eurocámara con el Consejo. Por ello, el miércoles, el Coreper tuvo que buscar una nueva fórmula de acuerdo. La escogida, a la que los ministros concedían finalmente su beneplácito estipula que los ciudadanos de países terceros que carezcan de recursos para pagarse la ayuda jurídica que su situación demande, «deberán» obtener esa ayuda gratuitamente «en la medida en que lo permitan las legislaciones nacionales». Se trata, esta, de una formulación como mínimo cínica, porque el derecho a la asistencia jurídica obligatoria, subyacente en el sentido del verbo «deber», queda neutralizado por las «prácticas nacionales» al uso, y hay Estados miembros que no garantizan la gratuidad de la asistencia letrada en estas circunstancias, o la limitan mucho. Alemania, Austria, Grecia y Lituania eran los socios comunitarios más opuestos a garantizar la gratuidad de la asistencia jurídica, temerosos de las consecuencias que semejante garantía podría tener en sus respectivas cuentas nacionales. La clave del acuerdo la proporcionó la Comisión europea, al anunciar que habilitará fondos comunitarios para atender las demandas nacionales que se susciten en este ámbito. El asunto pasa ahora al Parlamento europeo, que lo abordará a mediados de mes. Se da por segura un resultado difícil, dada la división de los grupos parlamentarios sobre la propuesta. La avalan las derechas, parte de las izquierdas (como los socialistas españoles) y una parte de los liberales. El debate está abierto entre quienes consideran este proyecto de norma poco menos que un disparate profundamente contrario a los derechos humanos y quienes, como el vicepresidente de la Comisión, Jacques Barrot, piensan que a través de ella se establecen unos mínimos armonizados en el conjunto de la Europa comunitaria, que son más favorables para los 'sin papeles' que lo que existe en buena parte de los Estados miembros.