Las administraciones no ponen cotoa los cobros fraudulentos de la PAC

La Dirección General de Política Agraria Comunitaria no va a corregir la normativa que permite el cobro fraudulento de la PAC. Con la campaña del 2010 en ciernes, las expectativas de UPA y Coag, ahora en comunión y alianza en la estrategia sindical, sobre los criterios de «hectáreas admisibles con superficies de pastos» quedarán baldías. También su intención para que desde la administración autonómica se endurecieran los argumentos para permitir incluir determinadas hectáreas como justificación de pagó único. Las denuncias de las organizaciones agrarias no encuentran eco en el departamento competente de los de la consejería de Agricultura. Se refieren a los cientos de beneficiarios de derechos de la PAC que justifican sus ingresos con terrenos de la provincia de León, lugares en todo caso que ni han pisado ni van a dar el uso que oficialmente presentan y que les permitirá jugosos ingresos a partir del dinero que envía Bruselas con cargo al enunciado del Pago Único. La práctica, además de extendida, parece reconocida incluso por los altos cargos de la administración que le compete velar por la legalidad de los cobros. El director general de Política Comunitaria desvía la súplica a la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene previsto aprobar un Real Decreto antes del 1 de febrero con el que «coordinar los controles previstos en el sistema integrado de gestión y control, en el que se recogerán las normas objetivas y no discriminatorias para el control del uso de los pastos en las ayudas del régimen del pago único», responde a los sindicatos Juan Pedro Medina Rebollo, al cargo de la Dirección General que la consejería habilitó para administrar el dinero que llega al campo leonés desde la Unión Europea, del que la Junta es entidad pagadora. Medina Rebollo alude al informe anual del Tribunal de Cuentas de la UE, en el que se recomienda «aumentar el rigor de las normas, de manera que no se pague ayudas directa comunitaria a los solicitantes que no hayan destinado tierra al uso agrícola o que no la hayan mantenido en buenas condiciones agrícolas y medioambientales; y establecer unos requisitos mínimos para el acceso de los pastizales a las ayudas directas comunitarias». A la espera del dictamen que emita el Ministerio se mantiene viva la normativa que ha dado cobertura a lo largo de varios años a que beneficiarios de la PAC de media España cobren dinero con terrenos de León.