PP y PSOE se dan un margen para consensuar un presidente a la caja única

La decisión del sector Llamas de aprobar en el Consejo de Administración de Caja España la condidatura del constructor Santos Llamas para la presidencia de la caja resultante de la fusión con Caja Duero ha complicado un proceso de fusión, que se había llevado desde el consenso hasta ese momento. Un consenso que ahora el PP y el PSOE quieren recuperar y, por esta razón, han decidido darse un margen de tiempo en el que poder negociar.

Tanto es así, que según las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el secretario de los socialistas, Óscar López, habrían mantenido estos días un enncuentro en Valladolid, en el que decidieron posponer la decisión sobre el futuro presidente.

El Congreso aprueba la Ley de Cajas. El Congreso de los Diputados aprobó ayer con los votos del PP y PSOE la reforma de la ley de cajas que facilitará a estas entidades la captación de capital en los mercados, al tiempo que busca la profesionalización del sector, impidiendo la presencia de cargos electos. El real decreto que modifica la Ley estatal de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) recibió 323 votos a favor -”PP, PSOE, CC y UPN-”; 9 en contra -”ERC, IU-”ICV, BNG, NaBai y UPyD-”; y 16 abstenciones de CiU y PNV.

La norma aprobada ayer se fraguó gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, conscientes de la necesidad de equiparar las cajas con los bancos en cuanto al acceso a los mercado de capital y atendiendo a las recomendaciones del Banco de España y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (Ceca).

Entre los cambios más relevantes está la posibilidad de que las cajas puedan emitir hasta el 50% de su patrimonio en cuotas participativas -”valores similares a las acciones-” con derechos políticos, una fórmula que a juicio de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, las hará «más atractivas» para los inversores.

La reforma de la Ley fija unas incompatibilidades más duras para los políticos y cargos públicos, a los que veta para los órganos de dirección. Pero, además, impide el acceso a los órganos de dirección a aquellas personas con intereses empresariales, como es el caso de Santos Llamas.

Asimismo, la modificación permite el trasvase del negocio puramente financiero de las cajas a un banco, lo que para los principales grupos de izquierdas, al igual que para los sindicatos mayoritarios, supone una privatización de estas entidades.

Además, tanto IU-”ICV como ERC pusieron en cuestión que la nueva norma vaya a ayudar a que el crédito llegue a familias y empresas y aseguraron que la reforma de la ley de cajas es más propia de «la derecha».

En cualquier caso, Salgado defiende la idoneidad de la reforma normativa que cree que es «la más importante que se ha llevado a cabo en el sector desde el siglo XIX» y servirá para «fortalecer el sistema financiero» español y aumentar la confianza sobre el mismo.

La misma idea que defendió el PP, y que llevó ya en mayo al líder de este partido, Mariano Rajoy, a comprometerse con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a alcanzar un acuerdo en esta materia. Para el secretario general de Política Económica del PP, Álvaro Nadal, la norma aprobada en el Congreso «abre enormes posibilidades» y demuestra que el «Gobierno ha puesto su mejor voluntad, buscando objetivos definidos y sin tener en cuenta la ideología política».

«Otro gallo le cantaría a este país, si esto hubiera pasado en otras áreas», añadió Nadal.

Sin embargo, los dos grandes grupos nacionalistas, CiU y PNV, criticaron que el texto se haya pactado «con una total falta de transparencia, a espaldas del Parlamento y de las comunidades autónomas» y haya entrado en cuestiones que van más allá de las que preveían.

Pedro Azpiazu, del PNV, reconoció que no pensaba que se fuera a entrar en la regulación de los órganos de gobierno de las entidades y rechazó que reste poder a las autonomías, cuya presencia en dichas entidades se limitará al 40%.

Del mismo modo, el diputado del BNG Francisco Jorquera lamentó la «falta de respeto a las comunidades autónomas», porque el Gobierno ni siquiera ha contado con ellas en el proceso previo de consultas.

Desde UPyD, Rosa Díez consideró que la reforma llega «tarde y mal» y supone «un atraco político» de los «beneficiarios políticos del sistema y responsables de su fracaso», es decir, el PSOE y el PP.

La diputada de Nafarroa Bai Uxúe Barkos justificó el voto en contra por la «duda razonable» de la intención del Gobierno en «coartar el control público» sobre las entidades financieras.