Los ecologistas denuncian al Común el funcionamiento deficiente del CTR
La queja incluye además una crítica a Gersul por ocultar datos solicitados por la asociación: «Lo que nos han respondido no corresponde a lo que pedíamos»
El Procurador del Común, Javier Amoedo, ha admitido a trámite una queja presentada por Ecologistas en Acción en la que, según una nota de prensa remitida por esta asociación, se denuncia el deficiente funcionamiento del Centro de Tratamiento de residuos (CTR) de San Román de la Vega y la falta de transparencia de Gersul, que ha negado documentación solicitada por el colectivo para comprobar si tienen fundamento sus sospechas respecto a determinadas gestiones que pudieran resultar ilegales.
«A fin de intervenir de forma responsable en la demanda de una gestión sostenible de los residuos sólidos urbanos, está asociación solicitó, al presidente y vicepresidentes de Gersul, el 9 de enero de 2010 diversos documentos e informes. Posteriormente, el 11 de febrero de 2010 volvimos a dirigirnos a Gersul, esta vez formulando una serie de sugerencias para mejorar el funcionamiento del sistema de recogida y gestión de los residuos sólidos urbanos que se generan en la provincia. Ante la falta de respuesta, -de la que deducimos el escaso o nulo interés de GERSUL en satisfacer los legítimos derechos a la información y a la participación que asisten a los administrados en general y en particular a esta asociación ambientalista- es por lo que decidimos recurrir a la mediación del Procurador del Común».
Denuncia de incumplimientos. «Destacamos la importancia de obtener copia de los pliegos de cláusulas administrativas y condiciones técnicas que rigen la adjudicación de la explotación del CTR a la Unión Temporal de Empresas (UTE), «Legio VII», porque su conocimiento es básico para poder denunciar en su justa medida, los incumplimientos en los que pudieran estar incurriendo las empresas concesionarias de la explotación de este servicio público de enorme trascendencia medio ambiental».
Pliegos de cláusulas. La documentación que exigía Ecologistas en Acción consistía en los pliegos de cláusulas administrativas y condiciones técnicas de la adjudicación, el análisis económico y las memorias anuales de gestión de la actividad que la entidad explotadora está obligada a presentar ante la autoridad competente.
