Las Cortes darán luz verde a la Renta Básica de Ciudadanía
Será el tercer punto del orden del día del Pleno de mañana. Las Cortes aprobarán de forma definitiva la creación de la Renta Básica de Ciudadanía, una ley que establece el derecho a las personas que no perciben ningún ingreso a recibir esta prestación de 425,6 euros, al tiempo que le obliga a recibir un conjunto de actuaciones que le pretenden ayudar a salir de la situación de exclusión social.
El proyecto de Ley define a la Renta Garantizada de Ciudadanía como una prestación social, de naturaleza económica y percepción periódica y la considera como «la última red de protección», de forma que se reconocerá una vez solicitadas todas las prestaciones a las que puedan tener derechos los destinatarios, se haya resuelto su no concesión o se haya agotado su percepción.
Precisamente la nueva norma contempla un nuevo concepto de exclusión social en el que se incluirán situaciones estructurales o coyunturales que provoquen la necesidad de recibir esta prestación de forma temporal.
El pasado 28 de diciembre, el Diálogo Social -"Junta de Castilla y León, UGT, CC.OO.. y Cecale-"rubricaba el acuerdo por el que se daba forma a esta nueva prestación social que fija como mínimo los 421 euros de ayuda. La cantidad se irá incrementado conforme los beneficiarios -"que deberán tener entre 25 y 64 años-" cumplan una serie de requisitos, como el número de miembros de la familia, con complementos que sumarán el 25% de la cuantía básica por el primer miembro, 15% por el segundo y 10% por el tercero y siguientes. De esta forma se podrá alcanzar un tope de 685,42 euros al mes. La prestación obligará, además, a quienes la reciban a seguir una búsqueda activa de empleo y de superación de su situación de necesidad.
Como novedad, la nueva ley incluye como posibles beneficiarios a los autónomos, de forma que podrán reclamar la Renta Básica de Ciudadanía en caso de que su situación personal no les permita hacer frente a sus gastos más básicos.
La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León será la encargada de la gestión de la prestación, mediante equipos multidisciplinares para la determinación de las diferentes situaciones y con la colaboración de las corporaciones locales competentes, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) y otros órganos de Castilla y León.