Los empecinados

«Obstinarse, aferrarse, encapricharse». Éstas son las tres acepciones bajo las que describe el diccionario de la Real Academia de la Lengua el verbo empecinarse. Y cualquiera de las tres sirve para definir la postura que en los últimos dos meses casi y medio ha venido mantenido el sector Llamas, encabezado por el PSOE, para defender la candidatura del todavía presidente de Caja España, Santos Llamas, a la entidad resultante de la fusión entre la caja leonesa y Caja Duero.

Setenta y seis días han tenido que pasar desde que el 1 de julio Santos Llamas fuera proclamado como candidato para presidir la caja única, hasta que ayer reconociera públicamente que la nueva Ley de Cajas le impedía acceder al cargo.

Para ello necesitó incluso votarse a sí mismo, ya que 9 fueron los votos favorables y ocho los contrarios -"la abstención de Javier García-Prieto se computó como un no-". A su papeleta del sí se unieron los siete consejeros del PSOE, con el vicepresidente y alcalde de León, Francisco Fernández, a la cabeza y el del secretario del consejo y representante de UGT, Miguel Ángel Álvarez. A partir de aquí, la obstinación, el encaprichamiento, el empecinamiento, en defenitiva, de quienes le apoyaron ha ido in crescendo.

Poco o nada importó que el Banco de España avisará de que no iba a permitir que Santos Llamas presidiera la caja fusionada y que, de ser así, estaba dispuesto a inhabilitarlo. Esto lo sabía Francisco Fernández y, pese a todo, siguió con su defensa numantina hacia la figura de Santos Llamas. Y lo hizo, con el beneplácito de su partido, con su secretario autonómico, Óscar López, a la cabeza, quien pese a conocer también los avisos del Banco de España ha preferido mirar hacia otro lado en todo el proceso. Mientras su secretario de organización, Pedro Muñoz, defendía la legalidad de la candidatura y apelaba para ello al pacto de fusión de Tordesillas y negaba, incluso, el aviso-amenaza del Banco de España. Por cierto, el mismo que avisó meses antes que o se fusionaban o intervenía a los dos entidades de ahorro.

Y Llamas, mientas tanto, tan feliz, porque ya se veía inscribiendo su nombre en la historia financiera de la comunidad con letras mayúsculas y de oro, no en vano se encaminaba hacia la presidencia de la octava entidad del país en número de activos.

9 de julio, día clave. En esto apareció el Gobierno central y cambió de rumbo, con la aprobación el pasado 9 de julio de la nueva Ley de Cajas en la que fijaba una serie de incompatibilidades que afectaban a políticos y empresarios. En su articulado decía claramente que no podían presidir cajas de ahorro aquellas personas que tuvieran intereses profesionales o empresariales, «salvo aquellos propios de la gestión de su patrimonio». Santos Llamas es empresario de la construcción que mantiene una deuda de casi 80 millones de euros con Caja España y Caja Duero. Tampoco aquí el sector Llamas vio impedimento alguno. Esa ley tampoco iba con ellos y persistían en su empecinamiento: Santos Llamas debía ser el presidente.

Entremedias se enconaban las guerras políticas entre PP y PSOE, sobre todo aquí en León. Óscar López prefería seguir dejando hacer a su secretario provincial, como si la historia de la fusión no fuera con él. El alcalde, por su parte, endurecía su discurso e insistía en que Llamas era el «mejor candidato posible, porque tenía el apoyo y la unamimidad de todos, menos del PP».

2 de septiembre, la Junta aprueba el Decreto. El pasado 2 de septiembre llega una nueva vuelta de tuerca: la Junta aprueba el decreto en el que a la salvedad sobre la gestión del patrimonio de la que hablaba la Ley del Gobierno, la Junta le añade: «Siempre que no implique el lucro o el beneficio personal». Nada cambió. El sector Llamas siguió empecinado e, incluso, Francisco Fernández, anunció que podía impugnar el Decreto de la Junta. Tampoco, en ese momento, le contradijo Óscar López. Mientras tanto, Llamas encarga dos informes a KPMG y Garrigues con cargo a la cuenta de Caja España, buscando que fueran ellos quienes le habilitaran. Así hasta ayer, cuando Llamas cede y asume que sus negocios le impiden presidir la caja. Sólo han tenido que pasar 68 días.

Quien ha dado la callada por respuesta ha sido Francisco Fernández, que ayer prefirió no hablar.