Industria no puede aplicar el decreto

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordenó ayer a la Comisión Europea que informe a las autoridades españolas de su decisión de aplicar medidas cautelarísimas contra la puesta en marcha del Real Decreto que incentiva el consumo de carbón autóctono. El tribunal ordena también que se adopten las medidas necesarias para suspender la aplicación del decreto hasta que se pronuncie sobre el recurso presentado por las eléctricas Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, que consideran la medida contraria a las disposiciones europeas sobre el mercado interior de la electricidad y a la competencia.

Una decisión que ratifica la anunciada la pasada semana por el mismo tribunal, y que fue interpretada desde el Ministerio de Industria como una recomendación no vinculante a través de una nota oficial. Ayer no se produjo pronunciamiento oficial. Desde el Gabinete de Prensa se reconoció anoche que el auto del Tribunal de Luxemburgo que adopta medidas cautelarísimas contra la decisión de la Comisión Europea de dar el visto bueno a real decreto de incentivos supone un nuevo retraso a la aplicación de una medida que se considera vital para el sector minero nacional, asfixiado desde el punto de vista financiero. Sin embargo, confían en que la urgencia del procedimiento resuelva sobre la aplicación de la medida en breve plazo.

La semana pasada el tribunal europeo «recomendó» al Gobierno español que retrasase la aplicación de la medida dos meses, para analizar el funcionamiento del sistema eléctrico nacional y determinar si realmente el incentivo perjudica los intereses de las compañías eléctricas. Desde Industria se reiteró ayer la «total confianza» en la legalidad del real decreto, que ha seguido un largo proceso en las instituciones europeas hasta que finalmente recibió el visto bueno de la Comisión Europea. Fuentes ministeriales señalaron también que el auto del Tribunal de Luxemburgo «no entra a fondo en el contenido del decreto»; y confiaron en que se convoque con urgencia a las partes para resolver cuanto antes el proceso. Fuentes del sector eléctrico calcularon ayer, sin embargo, que el proceso podría prolongarse «entre dos y tres meses».

Las compañías eléctricas ganan así la primera batalla judicial contra el decreto con el que el Gobierno pretende asegurar la viabilidad del sector del carbón, dentro de una ofensiva en los tribunales que se libra tanto en las sedes europeas como en las nacionales. Las eléctricas han presentado recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo (que rechazó la adopción de medidas cautelarísimas) y ante la Audiencia Nacional, que concedió el viernes las medidas cautelarísimas y ayer escuchó los argumentos de las tres compañías demandantes. Deberá pronunciarse en los próximos días.