La única autonomía sin capital oficial

Castilla y León es la única comunidad española que no cuenta con capital autonómica oficialmente establecida. Y es que en su día, y a causa de las disputas surgidas entre ciudades para alzarse con el ansiado rango, el Estatuto optó por remitir a una ley propia la fijación de la sede o sedes de las instituciones.

Y así, el Estatuto, aprobado en 1983, no define capital alguna, y en su artículo 3 expone lo siguiente: «Una ley de las Cortes de Castilla y León, aprobada por mayoría de dos tercios, fijará la sede o sedes de las instituciones de autogobierno». Y también que: «Una ley de las Cortes de Castilla y León determinará la ubicación de los organismos o servicios de la Administración de la Comunidad, a propuesta de la Junta, atendiendo a criterios de descentralización, eficacia, coordinación de funciones, y tradición histórico-cultural».

En base a ello, el 29 de diciembre de 1987, el entonces presidente de la Junta, José María Aznar, firmaba la Ley de Bases, que fijaba las sedes de gobierno autonómicas. De esta manera se aprobaba que las instituciones básicas de la Comunidad, la Junta, el Presidente de la misma, y las Cortes de Castilla y León (que provisionalmente se instalarían en Fuensaldaña, a la espera de poder contar con la nueva sede ya creada e inaugurada), se ubicasen en Valladolid.

En marzo de 2009, la Junta se disculpó públicamente por el hecho de que una serie de libros de texto catalogaran a Valladolid como capital autonómica, y en 2010 el grupo del PP en el ayuntamiento vallisoletano renunció a solicitar la capitalidad autonómica «para evitar conflictos interprovinciales».