La defensa alega que estaba en un estado de obcecación

La defensa de los procesados sostiene que no se produjeron las amenazas mencionadas y que las grabaciones que se aportan como prueba para la vista oral fueron realizadas sin autorización judicial correspondiente. También se hace mención de que no constan las transcripciones en la causa y que los peritos del Cuerpo Nacional de Policía no han sido capaces de cotejar las voces, por lo que consideran que no hay pruebas. Añade la defensa que se montó un dispositivo de vigilancia en torno a la casa de los amenazados que resultó nulo, por cuanto no fue necesario acometer ninguna actuación. Por todo ello, se propone la libre absolución o, en caso contrario, que se tenga en cuenta la atenuante muy cualificada de dilación indebida, ya que transcurrieron cinco años desde que ocurrieron los hechos hasta que fueron calificados. Y se añade también la proposición de que se contemple la atenuante de obrar «por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante», según el artículo 21.3º del Código Penal.