La Caja no cumple el plan del Gobierno y en otoño estará obligada a convertirse en banco
Caja España-Duero no llega al requisito mínimo de contar con un 8% de capital básico para poder ser solvente
José Manuel Campa y la ministra Elena Salgado, ayer en Madrid.
Se acaba el tiempo para las cajas. El Gobierno ha decidido no dilatar más el plazo para que las cajas de ahorro cierren los procesos de fusión o integración que las conviertan en solventes y por eso aquellas que no consigan un alto nivel de capitalización antes del otoño habrán de transformarse en bancos, para ser a continuación parcialmente nacionalizadas. Así lo confirmó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado quien, acompañada del secretario de Estado de Economía, adelantó a los medios de comunicación los proyectos del Ejecutivo para reforzar el sistema. Y afirmó que las más solventes podrán mantener su personalidad jurídica.
El Banco de España va a exigir que bancos y cajas tengan un capital básico -”-™core capital-™ en el argot del sector-” equivalente al 8% de sus activos ponderados por riesgo. Y a las entidades no cotizadas, que no cuentan con inversores privados y que en su financiación dependen de inversores mayoristas en más de un 20% -”la mayor parte de las cajas, salvo las muy pequeñas, entran dentro de este epígrafe-” se les impondrá un requerimiento superior al 8%, todavía por determinar, aunque todo apunta que rondará el 10%. Aquí precisamente es donde entraría Caja España-Duero que en estos momentos, según las fuentes a las que ha tenido acceso DIARIO DE LEÓN, no cumple «ni de lejos» estos requisitos mínimos que exige el plan anunciado por la vicepresidenta económica ayer en Madrid.
Plan severo hasta septiembre. Tanto es así que, estas mismas fuentes, dejan claro que o se realiza un plan severo de aquí y hasta el mes de septiembre o la Caja estará obligada a convertirse en un banco, además de ser parcialmente nacionalizada, porque el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria les aportará la cantidad necesaria a cambio de acciones que permanecerán en su poder -”con los derechos políticos correspondientes-” un máximo de cinco años. Esta privatización de las entidades de ahorro ya se apuntaba en la nueva Ley de Cajas que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Las entidades financieras españolas necesitan un máximo de 20.000 millones de capital para cumplir las nuevas exigencias impuestas por el Gobierno, que para las cajas que concurren a los mercados serán incluso más rigurosas. Con el sector en el punto de mira de los mercados, y para detener la escalada de los informes de los expertos, que cada día apuntaban mayores necesidades -”se llegó a hablar de 180.000 millones de euros-” el Banco de España y el Ministerio de Economía han realizado esta estimación y puesto en marcha un plan de choque con el que pretenden desactivar las durísimas críticas que analistas, bancos de negocios y agencias de calificación han venido volcando sobre las instituciones españolas de ahorro.
Esta opción que ahora se abre va a requerir cambios legislativos, que Elena Salgado calificó de «pequeños retoques», y aseguró que no se van a proponer de inmediato. Tras unas semanas de intensos rumores y tensiones con el sector de las cajas de ahorro, el Ministerio de Economía y el Banco de España han lanzado de común acuerdo una iniciativa que, de entrada, abre un plazo relativamente largo para acomodarse, y que también deja la opción a las entidades más solventes para mantener la figura jurídica que deseen, incluida la tradicional de caja de ahorro. Pero el instituto emisor, tras ceder en sus aspiraciones más ambiciosas -”«los mercados entienden mejor a los bancos», argumentó el subgobernador, en defensa de una transformación generalizada-” ha puesto el listón lo más alto posible. Por añadidura, el Banco de España extrema el rigor, porque ahora se plantea computar el capital de las entidades españolas con los mismos criterios que el acuerdo de Basilea III exigirá a las entidades internacionales en el año 2013. Ahora mismo, la media de -˜core capital-™ del sistema español está en el 8,5% -”con datos de 30 de septiembre pasado-” pero ese porcentaje, con las nuevas exigencias, quedaría sensiblemente rebajado. Ahora, por ejemplo, un banco o caja contabiliza como básico, junto al capital y las reservas, deducciones fiscales, participaciones en entidades financieras y minoritarios, que en el nuevo cómputo ya no se tomarán en cuenta.
A finales de septiembre, el Banco de España analizará la situación. Y en las entidades que no puedan cumplir las exigencias de capital, la entrada de los fondos públicos será un hecho.
Las cuatro fórmulas que la reforma de la ley de cajas habilitó para estas entidades siguen siendo vigentes, insistió la vicepresidenta económica, en un intento de reforzar la idea de que habrá cajas que podrán mantenerse como tales, otras que traspasarán su negocio financiero a un banco, preservando la fundación como propietaria y otras que sufrirán una transformación radical.