Caja España concede un préstamo de 2,4 millones a San Andrés a un 14%

Sólo una entidad financiera, Caja España, ha accedido a conceder el crédito de 2.450.000 euros solicitado por el Ayuntamiento de San Andrés para hacer frente a pagos de sentencias, subvenciones y gastos de personal, tal y como describían las bases del concurso que tuvo que convocarse por tercera vez después de que ninguna entidad financiera se presentara a los dos primeros concursos. Un préstamo que el Ayuntamiento deberá devolver a un interés del 14% y cuyo plazo expira el 30 de septiembre de este año.

Así se puso de manifiesto ayer en el Pleno ordinario centrado en el debate de las operaciones de tesorería que ha concertado el Ayuntamiento en los últimos meses y que, según la oposición en bloque, «son irregulares» porque no cumplen los parámetros establecidos por ley.

La portavoz del PP, Isabel Fernández, realizó una batería de preguntas sobre la situación económica y financiera de las arcas municipales, cuya deuda suma más de 50 millones de euros.

Así, preguntó a la alcaldesa de San Andrés cuántas operaciones de tesorería están abiertas y cuántas se han cancelado con fecha del 31 de diciembre. Así mismo, cuestionó el hecho de que todas las operaciones de crédito sean tramitadas por la vía de urgencia en junta de gobierno extraordinaria y dejó entrever que el último préstamo concedido de 2.450.000 euros podría estar avalado por la declaración del IBI de este ejercicio cuyo cobro comienza en el mes de mayo, algo que la alcaldesa no aclaró remitiendo a la edil «al expediente». La portavoz popular también acusó al equipo de gobierno socialista de «hacer contratos al margen de la ley».

El portavoz de la UPL, Juan Manuel Arias, fue muy crítico con la política económica de los socialista. «Por desgracia ha batido el récord de despropósitos y de endeudamiento, con una deuda de 30 millones de euros generada en tres años», esgrimió el edil de la UPL».

Sobre la mesa. Por su parte, el portavoz del PAL-Ul, Francisco Javier Gómez, que mantuvo con la alcaldesa un tenso pulso, pidió dar marcha atrás a esta operación de crédito «dado que el nivel de endeudamiento supera lo legal, es insoportable e hipoteca el futuro del municipio».

Una petición que sólo contó con el apoyo del PP y la UPL, por lo que no salió adelante. Además, Gómez acusó a la alcaldesa y a la concejala de Personal de firmar «decretos de Alcaldía con requerimientos de ilegalidad».

Ante todas estas críticas, la regidora socialista insistió en que los créditos «son necesarios para continuar haciendo gestión».

La Relación de Puestos de Trabajo también fue objeto de debate en la sesión plenaria, fruto de las cuestiones planteadas por el concejal leonesista Luis Herrero Rubinat.

Negociar la RPT. «Nuestra voluntad es negociar y pactar». Así contestó la alcaldesa de San Andrés a las preguntas formuladas por el concejal leonesista, Luis Herrero Rubinat, sobre la situación actual de la negociación de la RPT, aunque la regidora no quiso dar a conocer el calendario de reuniones previsto con los sindicatos, uno de los puntos del acuerdo firmado entre ambas partes la semana pasada.

Además, Gancedo dejó claro que esa voluntad se plasma en hechos. Por ejemplo, llevar a aprobación inicial un documento que en otros municipios se ha aprobado de forma definitiva, sin dar la opción de presentar alegaciones a los trabajadores afectados.