La Caja, obligada a una segunda fusión para cumplir con el plan del Gobierno

El decreto aprobado por el Gobierno de España y que está previsto que hoy se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) afecta de lleno a Caja España-Duero que sigue necesitando ampliar su core capital o capital de solvencia del 8,1% actual hasta el 10%, que exige el nuevo marco fijado en el nuevo decreto aprobado ayer.

Y es que la Caja ni cotiza en bolsa, ni supera el 20% de financiación mayorista y no ha colocado al menos un 20% de sus acciones entre terceros, que son los tres requisitos que fija el nuevo decreto del Gobierno para poder sobrevivir con el 8% de core capital.

Por esta razón, según las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, la Caja intensificará desde la próxima semana los contactos con otras entidades, principalmente Unicaja, tal y como adelantó DIARIO DE LEÓN, para lograr una colaboración futura que acabe en fusión o en un SIP, fusión fría. Con esta fusión o SIP con Unicaja, Caja España-Duero conseguiría dos objetivos: lograr ese 10% de capital de solvencia sobre sus activos de riesgo, entre las dos superarían el 21%, ya que la caja andaluza tiene más de un 13% de solvencia, y, en segundo lugar, mantendrían su naturaleza jurídica como cajas de ahorro. Pero éste sería un primer paso, según las mismas fuentes, y tiene fecha límite: el 30 de septiembre. Y es que lo que el Gobierno quiere es que todas las cajas se conviertan en bancos, ya que la naturaleza jurídica de las cajas no es bien vista en el sistema financiero europeo y mundial. Esa es precisamente, según las fuentes consultadas, la razón por la que el Gobierno, en colaboración con el Banco de España, aprieta las clavijas a las entidades de ahorro y endurece los criterios para que cumplan el Plan Basilea III.

Evitar bancarización. En cualquier caso, desde la Caja se entiende que con una fusión con otra entidad, además de la solvencia de Unicaja, se evitaría esa bancarización y, por supuesto, la nacionalización. Una vez lograda ese nuevo acuerdo, la entidad ya más fuerte podría integrar parte de su capital en un banco para su posterior salida a bolsa, algo para lo que el Gobierno ha ampliado el plazo hasta marzo del 2012, eso sí siempre que el Banco de España lo autorice. Con esta segunda acción, además de evitar ser bancarizadas, o lo que es lo mismo compradas por un banco, mantendrían en su territorio su naturaleza jurídica como cajas de ahorro.

La ayuda pública. Las entidades españolas que necesiten ayuda pública para cumplir con los nuevos requisitos de capital que exige el Gobierno tendrán tres meses para convertirse en bancos, mientras que aquellas que prevén salir a bolsa contarán con un plazo de 13 meses, seis más de lo que estaba previsto. Las entidades que quieran pedir la ampliación del plazo para salir a bolsa deberán presentar al menos un acuerdo de su Junta o Asamblea, un calendario detallado del proceso y deberán haber otorgado a una o varias entidades el mandato para dirigir las operaciones. Así se pone de manifiesto en el real decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros que exige a las entidades cotizadas un capital principal del 8 o del 10 %, en el caso de las aquellas que no coticen, que superen el 20 % de financiación mayorista y no hayan colocado al menos un 20 % de sus acciones entre terceros.

Tras la aplicación de este decreto, los movimientos en torno a un nuevo mapa de entidades de ahorro están en marcha.