La Junta aprueba su propia medicina
La andanada | pedro vicente
Desde que Zapatero gobierna en Madrid constituye una estrategia recurrente de la Junta y del PP reprochar al PSOE de Castilla y León su apoyo seguidista a cuantas actuaciones del gobierno central resultan supuestamente lesivas para esta comunidad autónoma. Los reproches han sido constantes durante estos últimos siete años. Desde el traslado de fondos del Archivo de Salamanca, que ya ha llovido, hasta la decisión de cerrar la central nuclear de Garoña, el gobierno Herrera no ha desaprovechado nunca la ocasión de restregar a los socialistas su docilidad ante cualquier decisión del gobierno Zapatero que pudiera perjudicar intereses de Castilla y León. Lógico era que, si alguna vez se le presentaba la ocasión, el PSOE se tomara la revancha. Y la ocasión se le ha presentado de la mano de la enmienda apoyada por el PP a la Ley de la Economía Sostenible que permite a los concesionarios de automóviles devolver a los fabricantes los vehículos no vendidos. Una enmienda, promovida además por el PNV, que a juicio de los socialistas perjudica claramente a la industria automovilística de Castilla y León, cuyos planes de producción han sido fuertemente subvencionados por la Junta en los últimos años. Ello permitió a la portavoz socialista, Ana Redondo, aplicar a Juan Vicente Herrera una dosis de esa misma medicina que el presidente tantas veces ha dado a probar a la oposición. Visiblemente molesto, Herrera salió del trance acogiéndose al compromiso adquirido ayer mismo por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, de presentar en breve una Ley que regule los contratos de distribución. «Claro, el Gobierno tiene que resolver ahora el lío en que nos han metido ustedes», replicó Redondo, en tanto que Herrera contraatacaba acusando al PSOE de ignorar por completo al sector de los concesionarios. No fue el único rifirrafe de tono elevado que registró ayer la sesión parlamentaria. Tampoco anduvieron con cumplidos el consejero de Economía, Tomas Villanueva, y la procuradora leonesa Inmaculada Larrauri, que se bajó de la Mesa a la bancada socialista para preguntar por el cumplimiento (mejor dicho, incumplimiento) de las sanciones impuestas a determinados funcionarios de la Junta, casi todos de la delegación territorial de León, expedientados en relación con la famosa «trama solar». «No están sancionados por pertenecer a ninguna trama, sino por incurrir en incompatibilidades», precisó Villanueva, quién argumentó que las sanciones no se han cumplido por estar recurridas judicialmente. «Están afectados por corrupción en su consejería», replicó Larrauri, no sin recordar que la propia consejería suspendió durante seis meses la aplicación de las sanciones arguyendo necesidades del servicio. Y el consejero terminó advirtiendo a la procuradora que la inmunidad parlamentaria no da derecho a todo.
No estuvo ayer especialmente imaginativo Joaquín Otero, quién dedicó todas sus preguntas a asuntos que él mismo había suscitado en anteriores plenos: Aplicación de la Renta Básica de Ciudadanía, perspectivas del Parque Tecnológico de León e implantación de nuevos servicios de cirugía en el Hospital de León. Las respectivas respuestas de la Junta apenas aportaron novedades. Si acaso, que el Sacyl anda negociando la contratación de un especialista en cirugía infantil para poner en marcha dicho servicio. Oyendo al consejero Guisasola se diría que dicho fichaje es casi tan complicado como el de Cesc Fábregas por el F.C. Barcelona.