La sentencia de readmisión de los despedidos no es firme, según Majo
Cuatro de los encerrados, ayer dentro de la Diputación.
El vicepresidente primero de la Diputación Provincial de León, Juan Martínez Majo, emitió una nota de prensa ayer en la que especifica que las sentencias de readmisión de los trabajadores despedidos no son firmes y subraya que los acuerdos para la disolución de Ipelsa se adoptaron por unanimidad.
«Los acuerdos de no prorrogar los convenios existentes con diferentes ayuntamientos de la provincia para el funcionamiento de las Oficinas de Desarrollo fueron adoptados en los plenos de 28 de octubre de 2009 y de 20 de diciembre del mismo año por unanimidad de los tres grupos políticos en la Diputación, PP, PSOE y UPL».
«En estos momentos, las sentencias que declararon la improcedencia de las extinciones de las relaciones laborales, consecuencia de la no prórroga de los convenios con los ayuntamientos, no son firmes, estando pendientes de sentencia ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid».
«La reivindicación de los representantes sindicales de acceder a un puesto de trabajo en la institución provincial supone, en esencia, pretender la adquisición de la condición de funcionarios, a través de la prórroga sine die de un contrato de obra y servicio determinado, de carácter temporal, vulnerando así los más elementales principios de acceso a la función pública, es decir, los conocidos requisitos de igualdad, mérito y capacidad. Supone, en esencia, reclamar como propios puestos de trabajo a los que podrían concurrir todos los leoneses. Al fin y a la postre, a través de la utilización de las garantías sindicales, buscan una situación discriminatoria para los miles de opositores, sin duda interesados en acceder a estas plazas mediante la formación académica, el estudio y el sacrificio».