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La Junta Electoral abre expediente a 280 empadronamientos en León
La provincia encabeza la lista de sospechas, que suman 686 en toda España
La Oficina del Censo Electoral ha tramitado 686 informes por posibles empadronamientos irregulares desde los comicios locales de 2007, de ellos 280 en municipios de León, la provincia de toda España con mayor número., según informa Efe.
La legalidad de los empadronamientos es uno de los principales focos de polémica entre partidos políticos. La Oficina del Censo Electoral ha remitido a la Junta Electoral Central los expedientes de 121 municipios en los que se han detectado posibles empadronamientos irregulares desde los comicios locales de 2007 y que no han respondido a los requerimientos de información realizados. Esta es una de las actuaciones llevadas a cabo por la Oficina del Censo para evitar eventuales fraudes ante las elecciones municipales del próximo 22 de mayo. Según han explicado a Efe fuentes del Instituto Nacional de Estadística, donde se encuentra la Oficina del Censo, este organismo cuenta con un sistema de alerta que detecta los aumentos sospechosos de empadronados.
En concreto, entre las elecciones municipales de mayo de 2007 y el pasado mes de febrero, el sistema de control de altas de la citada oficina ha detectado «variaciones significativas» en el número de electores en 395 municipios y entidades locales menores. En algunos de los municipios, el sistema ha alertado de variaciones importantes en varias ocasiones, con lo que se han originado un total de 672 actuaciones. La Oficina del Censo ha seguido el procedimiento habitual y ha instado a los ayuntamientos a justificar esos movimientos en el padrón, pero 121 no han respondido y se ha informado a la Junta Electoral Central. Además de las alertas automáticas, también se han investigado reclamaciones de particulares y de formaciones políticas en catorce municipios, con lo que en total se han solicitado 686 informes. De todos estos casos la oficina ha decidido hacer inspecciones presenciales en cinco ayuntamientos con el objetivo de comprobar la veracidad de las altas comunicadas. Hasta el momento, según informan las fuentes, no se ha presentado ninguna denuncia ante el Ministerio Fiscal. Este es el último paso que puede dar la Oficina del Censo, para los casos en los que advierte indicios de delito.