Fomento recurre el acuerdo de Patrimonio e insiste en los costes de paralizar la A-60

El Ministerio de Fomento vuelve a la carga con la León-Valladolid, la futura A-60. Pasado el tsunami electoral, donde la autovía fue motivo de enfrentamiento entre PP y PSOE, el departamento de José Blanco anunció ayer que ha formulado un requerimiento a la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León como paso previo a un recurso contencioso-administrativo, al considerar que el acuerdo para conservar los restos de Lancia aparecidos en las obras de esta infraestructura a la altura de Villamoros no se ajusta a derecho y es además «gravemente perjudicial para los intereses del Estado».

En un extenso comunicado, el Ministerio reiteró ayer que la decisión, de la que tuvo constancia por escrito el pasado 27 de abril, supone «la paralización de la construcción en la zona afectada por el yacimiento dentro del tramo de autovía León-Santas Martas y representaría un retraso en las obras de varios años, además de un evidente perjuicio económico para el Estado».

Fomento no entiende que, «de forma imprevista», dicha comisión haya cambiado de criterio y recuerda que «siempre» ha seguido las instrucciones que se han dictado en materia de patrimonio. Por eso, en el requerimiento solicita a la comisión que anule el acuerdo dejándolo sin efecto y declare suficiente el informe técnico que se hizo en su día, o que, «subsidiariamente, concrete en qué debe completarse dicho informe y especifique las medidas correctoras, su objeto (estructuras y elementos arqueológicos hallados) y su extensión física y temporal , así como el objeto y finalidad del proyecto específico que se menciona». El documento, por otro lado, detalla los sobrecostes que supondría para el Estado atender al acuerdo de Patrimonio y recuerda que «la autovía no es una obra en fase de proyecto, es una obra pública en fase de ejecución; siendo así que tal ejecución se inició una vez obtenida la autorización de las autoridades competentes en materia de Patrimonio, por lo que éstas habrán de admitir su grado de responsabilidad en la paralización de las obras y su aportación económica para la ejecución de una intervención arqueológica completa».

El sobrecoste, según el Ministerio, no sólo vendrían por la necesidad de construir nuevas medidas correctoras, «sino también de la necesidad de establecer una nueva planificación para el resto de la obra». Así, sería necesario iniciar un nuevo expediente de información pública y un nuevo procedimiento de impacto ambiental. A efectos probatorios, Fomento pide a la Junta que presente toda la documentación de las comisiones y ponencias técnicas. Este periódico intentó ayer, sin éxito, conocer la opinión del delegado de la Junta en León.