Diario de León

Trece menores de 16 años se acogen a la Ley para interrumpir su embarazo

Junto a sus familias, optan por el único centro privado de León para preservar su intimidad

Los responsables de las clínicas piden que se revisen algunos aspectos de la Ley.

Los responsables de las clínicas piden que se revisen algunos aspectos de la Ley.

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carmen tapia | león
León

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Trece menores de 16 años de León se han acogido a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo desde su entrada en funcionamiento el 5 de julio del 2010. Las menores, acompañadas de sus familias-” excepto una de ellas que acudió sola y tuvo que someterse a un cuestionario preparado por un abogado-” han optado por no utilizar la sanidad pública para acabar con sus embarazos y decidieron acudir a un centro privado y pagar la intervención. De las 13 menores que han abortado en el último año en León, cuatro tenían 15 años, nueve habían cumplido ya los 16 y otras 10 tenían 17, según los datos ofrecidos por el gerente de la Clínica Buenavista de León, Eugenio Civieta, que suma en León 23 intervenciones a menores de 18 años. En la clínica de León se han practicado 536 interrupciones de embarazo en un año. La comodidad y la privacidad está detrás de la decisión de las familias de no moverse de León. Las leonesas que utilizan la red pública tienen que desplazarse a Salamanca. La clínica Multimédica de Salamanca, que desde el mes de febrero tiene concertados con la Gerencia de Salud de León la práctica de los abortos que se ajustan a la ley, ha realizado ya 102 intervenciones a mujeres de León, pero ninguna era menor de edad, confirmó el responsable de la clínica, el médico Antonio Sánchez. A falta de cerrar las cifras oficiales, el número de abortos en León es similar al del año anterior de la ley, que sumó 676 interrupciones.

Lo que hay que cambiar. El director de Multimédica de Salamanca destaca que las mujeres que se benefician de la prestación pública tras la entrada en vigor de la Ley, (que contempla el aborto libre en las primeras catorce semanas de gestación, hasta las 22 semanas si hay riesgo para la embarazada o problemas en el feto o en cualquier momento de la gestación si se detecta una enfermedad fetal extrama grave), tienen que realizar un periplo administrativo que pone en riesgo la preservación de su identidad. «A un año de la entrada en vigor de la Ley habría que revisar algunos aspectos», asegura. Las mujeres que quieren interrumpir su embarazo acuden al médico, que las envía a la trabajadora social, que las remite a la Gerencia, que las vuelve a enviar al ginecólogo, y después el traslado a Salamanca, «son muchas personas con los expedientes en las manos», asegura Sánchez. De los 102 abortos practicados hasta el 30 de junio en Salamanca, seis tenían más de 14 semanas de gestación y presentaban malformaciones fetales.

De la misma opinión es Civieta, director de la única clínica privada que practica abortos hasta la semana 14 en León. La clínica leonesa realiza una media de cincuenta abortos mensuales, un 5% menos que hace un año. «El descenso se debe a que ya no acuden tantas mujeres inmigrantes, ya que o bien han vuelto a sus países o no llegan más a España. Las que se quedan, después de tres años de convivencia, asumen las costumbres anticonceptivas de las españolas y no se quedan embarazadas».

Civieta asegura que las diez menores que han acudido al centro de León lo han hecho con el consentimiento y acompañamiento de sus familias. «En Asturias nos hemos encontrado con dos casos de menores que no tenían el consentimiento familiar. Nosotros disponemos de un cuestionario, preparado por un abogado de Acai (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo) por el que evaluamos si realmente la menor tiene conflictos fami liares».

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