Varios consejeros del banco no son bien vistos por sus intereses políticos

Una de la primeras medidas que se tomaron cuando se planteó la reestructuración del sistema finaciero fue modificar la Ley de Cajas, algo que hizo el Gobierno y desarrolló posteriormente la Junta de Castilla y Léon. En el articulado de la Ley se incluía el que los políticos no podrían formar parte de los consejos de administración futuros. Pues bien, a las primeras de cambio desde Caja España-Duero parece haberse hecho caso omiso a esta norma y entre los cinco consejeros que ha designado para el futuro banco se encuentran personas con intereses políticos, como Pablo Pérez Robla, que fue el número once del PSOE en la lista al Ayuntamiento.

Por esta razón, según las fuentes a las que ha tenido acceso DIARIO DE LEÓN, existe un gran malestar que ha llegado incluso al Banco de España. Es más el propio director general, José María de la Vega, no estaría muy de acuerdo con algunos de estos nombres, aunque nunca lo va a expresar públicamente, pero sí se lo ha hecho saber a Evaristo del Canto.

Además del claro interés político de Pérez Robla, un hombre del PSOE, las críticas a varios de esos consejeros vienen por su escasa cualificación profesional para estar en el órgano decisorio del futuro banco. Algo que también se fijaba en la Ley: la necesidad que quienes se sentaran en el Consejo de Administración fueran personas de probada reputación y cualificación económica y financiera, algo que se entiende tampoco cumple alguno de los designados. Estos cinco consejeros fueron elegidos el pasado 28 de julio, en un consejo que Isabel Carrasco abandonó precisamente por no estar de acuerdo con los nombres elegidos.