San Andrés reclamará a Serfunle que elimine las rebajas a las aseguradoras

La orden de suspensión cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), que paraliza los descuentos que la mancomunidad de Servicios Funerarios de León y su Alfoz (Serfunle) aplicaba a las aseguradoras, puede convertirse en norma si prospera la propuesta defendida por el Ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo, que junto a Villaquilambre y la capital leonesa conforman el terreno mancomunado. Un paso al frente por parte de uno de los socios, que representa el 10% de la participación pública, que se concretará en la exigencia a la asamblea de la sociedad para que los precios públicos del año 2012 eliminen el apartado en el que se apoyan las rebajas para las compañías de seguros y no se busque un nuevo subterfugio en el que cobijar la medida.

La postura firme de San Andrés espera todavía a la decisión que deben adoptar Villaquilambre y León. Un posicionamiento que no quiso ser desvelado ayer por parte del alcalde y presidente de la mancomunidad, Emilio Gutiérrez, quien se limitó a mencionar que «en este momento es un tema que está encima de la mesa». «No puedo adelantar nada», subrayó el regidor del PP.

Sin que haya pronunciamiento todavía por parte del tribunal, la mancomunidad se ha tenido que limitar, después de que se notificara el auto el 28 de septiembre pasado, a aplicar los mismos precios públicos para todos los clientes. Tarifas en las que no se producen los descuentos de hasta el 60% que disfrutaban las compañías de seguros, sino que se sujetan a la misma factura que paga un particular que acuda al servicios fuera de la cobertura de una póliza de decesos. Diferencias en las que, por ejemplo, se pagaba por el coche fúnebre 137 si se iba a través de las aseguradoras y 365,20 de forma ordinaria.

Sentencias precedentes. Esta «discriminación», que ya fue sentenciada como nula de pleno derecho en dos fallos del TSJ sobre los precios públicos del 2009 y 2010, supone la base de la decisión adoptada por el Ayuntamiento de San Andrés. «No puede ser que yo, por ejemplo, cobre menos el IBI a una persona por tener más propiedades», señala el alcalde, Gregorio Chamorro, quien mantiene que «desde el principio no lo veía claro», pero que «ahora que el tribunal ha dictado el auto que se suma a las dos sentencias anteriores queda asentado que no se puede hacer». «Nosotros pediremos en la asamblea que los precios públicos para el 2012 que se tienen que elaborar ahora no contemplen ningún resquicio para la aplicación de las rebajas a las aseguradoras», recalca el político del PP.

El mismo análisis que San Andrés sobre la «desigualdad» de los precios aplicados a las aseguradoras frente a los particulares lo suscribe Villaquilambre. «No es correcto que alguien que llega de manos de una compañía pague menos que otros que lo hacen de manera personal», declara Manuel Mitadiel, primer teniente de alcalde del consistorio, quien subraya que su administración «acata de forma rigurosa el auto». Sin embargo, el portavoz de Civiqus no adelanta cuál será su voto en la asamblea cuando se plantee la propuesta de San Andrés y señala que «se están estudiando las alternativas».