Herrera quiere que el Banco de España sea el que dilucide las responsabilidades

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anunció ayer en el pleno de las Cortes, que ha pedido información a Caja España-Duero para aclarar la situación contractual y las circunstancias que rodean la prejubilación del ex alcalde de León, Francisco Fernández, que cobrará 554.000 euros como indemnización por el ERE de fusión con Caja Duero.

La relación de Fernández con Caja España, ­aunque no se citó su nombre formalmente en el pleno, centró ayer el debate parlamentario que provocó una pregunta formulada por el portavoz del grupo Mixto, José María González, en la que habló de «conmilitones», en referencia a las percepciones recibidas por los consejeros de las cajas de ahorros, y en la que pidió a la Junta que exija «responsabilidades penales y civiles» por los privilegios, contratos blindados y sueldos astronómicos de los consejeros de las cajas.

El presidente de la Junta reconoció que existe un «alboroto» en la ciudadanía, en referencia a la noticia sobre la percepción de Fernández, pero evitó nombrarle expresamente y habló de «un cualificado miembro del consejo de Administración» de la caja. Así advirtió de que la Junta ha «recabado información» y que en el caso de que hubiera responsabilidades, el Gobierno autonómico lo notificará al Banco de España.

La forma en la que González planteó la pregunta en el pleno fue calificada por Herrera «tanto de oportuna como de excesiva», por el trato genérico de las distintas cajas de la Comunidad. Herrera pidió al portavoz del grupo mixto que explicase a qué «conmilitones» hacía referencia.

Así que González enumeró una serie de casos concretos como el del ex presidente de Caja España, Santos Llamas o el del empresario Francisco Rubio, que se «asignaron» 65 y 121 millones, respectivamente. Además de citar al ex alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, y al director de Caja España-Duero, Evaristo del Canto, que se «ha asegurado un sueldo vitalicio de 340.000 euros». «La Junta debería haber tomado cartas en el asunto», lamentó González.

A lo que Herrera contestó que dar nombres concretos «supone una denuncia pública», que se «debería» llevar ante la fiscalía, para lo que se ofreció, incluso, a acompañarle en persona. Eso sí, señaló que «no se puede poner en tela de juicio nombres propios al albur de una pregunta parlamentaria».

Herrera también anunció que la Consejería de Economía y Empleo «tiene órdenes» de dirigirse a las cajas de ahorros de la Comunidad para el desarrollo reglamentario de la obligación del Consejo de Retribuciones de informar de su política general sobre las retribuciones de la alta dirección de las cajas y abogó por mejorar la información y la transparencia.