IU denuncia «tráfico de influencias» en la prejubilación de Fernández
González pide al fiscal que investigue indemnizaciones y créditos.
Lo había avisado y, aunque con más de una semana de retraso, el coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León y procurador en Cortes, José María González, entregó a la Fiscalía de Castilla y León el escrito de denuncia, en el que pide que se investiguen las prejubilaciones y créditos concedidos por las cajas de ahorro de la Comunidad a sus consejeros y presidentes.
En el texto de la denuncia, IU dedica un apartado especial a la millonaria prejubilación de 554.000 euros del ex alcalde de León, Francisco Fernández, en el que habla claramente de un posible «tráfico de influencias». Delito que basa en el hecho de Fernández «ha logrado su prejubilación estando en excedencia, saltándose la preferencia con la que contaban más de cien trabajadores de la entidad». Y, aunque Izquierda Unida deja claro que la prejubilación es «potestad» de la entidad, «su concesión a un dirigente, que debería velar como tal, y por su condición de representante político, por el interés general, ha perjudicado a terceros con mejor derecho», concluye el texto de Izquierda Unida.
Además, pide que se investiguen la indemnización de 400.000 euros y 1,22 millones de prejubilación al anterior director general de Caja España, Ignacio Lagartos, «decisión que fue adoptada por trece consejeros, mientras cuatro lo hicieron en contra», según recoge el texto, y la consolidación salarial al director general adjunto, Javier Ajenjo.
A esto añade Izquierda Unida los créditos de más de 70 millones, según «han barajado los medios y las fuentes consultadas», al ex presidente de Caja España, Santos Llamas, y a otros consejeros.
En declaraciones a los periodistas, González se ha preguntado «qué se ha hecho por parte de los órganos de gobierno de las cajas» para que mientras cada vez se concedían menos créditos a empresas y particulares se haya concedido a integrantes de esos órganos grandes cantidades en préstamos en condiciones «muy ventajosas e indemnizaciones también de elevada cuantía».
González insistió en que las cajas de ahorro, que hoy están integradas en grupos, tenían un fin social que no era el de beneficiar a quienes estaban en sus órganos de gobierno.
En el escrito se hace referencia a posibles irregularidades cometidas por Caja España, Caja Duero, Caja Burgos, Caja Ávila y Caja Segovia, si bien en el caso de la entidad burgalesa no se pone ningún ejemplo concreto.
Las propias entidades reconocieron en 2006 haber prestado o avalado a miembros de sus consejos de administración por casi 211 millones, lo que suponía un incremento del 20% respecto al ejercicio anterior.