PSOE y UPL gastaron 78.700 euros en el bufete jurídico que recurrió el IBI
El anterior gobierno prescindió de los letrados propios en el recurso del Supremo.
La persistencia en el error del anterior equipo de gobierno para defender la subida del IBI del 2008, pese a las pruebas que certificaban que la publicación de la ordenanza en la que se incluye el tributo no cumplía con la legalidad, le costó al Ayuntamiento de León 78.700 euros. La cuenta que facturó el bufete jurídico Garrigues, al que se encargó la defensa jurídica, pese a que la administración municipal cuenta con tres letrados propios en nómina, después de la primera sentencia de nulidad del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León en febrero del 2010.
La intervención de Garrigues ante el Tribunal Supremo se facturó en cuatro partidas diferenciadas: por los «honorarios de elaboración del análisis técnico jurídico» se aprobó un gasto de 20.880 euros; por los «honorarios profesionales para la asistencia legal en la elaboración del recurso de apelación» se ratificó un desembolso de 17.700 euros; por los «honorarios profesionales por la formalización del recurso de casación» se validó una factura de 20.060 euros; y por los «honorarios de asistencia del letrado del procedimiento ordinario 117/2010 del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de León» se consignaron otros 20.060 euros.
Las tres primeras partidas, que corresponden a las actuaciones ante el Tribunal Supremo, se han pagado, según confirmó el Ayuntamiento, mientras que la tercera, que se debe a la asistencia frente a los recursos individuales que presentaron los ciudadanos para solicitar la devolución después de la sentencia del TSJ, queda pendiente todavía.
La división de los honorarios para el recurso ante el Supremo en tres facturas diferentes permitió además al equipo de gobierno anterior librarse de la obligación que impone la Ley de Contratos del Sector Público sobre la necesidad de acudir a concurso público cuando superen los 18.000 euros, excluido el IVA. Una actuación que fue criticada en su momento por el entonces concejal del PP en la oposición Luis Nogal, pero que no atendió el gobierno comandado por Francisco Fernández, que decidió seguir adelante a costa de dinero público. Una práctica que también se utilizó para el recurso de apelación del tranvía ante el TSJ, por el que se pagaron al mismo bufete 21.004 euros
