La Cámara de la Propiedad apunta que «devolver a todos tardaría años»
Luis Álvarez Méndez, presidente de la cámara, Sánchez Fraile y López Contreras.
Con la sentencia del Supremo como fruto de la batalla iniciada en el 2007, la Cámara de la Propiedad Urbana de León apuntó ayer que «es hora de saber si este equipo de gobierno asume el compromiso del anterior de devolver a todos o sólo paga a los 74.114 a los que faculta el fallo», lo que acarreará al consistorio un desembolso de 5,3 millones de euros. «La anterior corporación», que hizo «una gestión desastrosa e irresponsable», impidió que «se siguieran presentando recursos con el compromiso de que se devolvería a todos», recordó el gerente, Miguel Ángel Sánchez Fraile, quien concedió que la devolución a las 115.455 unidades urbanas totales «tiene problemas jurídicos, pero es posible».
La decisión «política» de devolver a todos y no sólo al 64% de unidades urbanas que recurrieron, como había solicitado el organismo pero desestimó el Supremo, pasa por que «el Ayuntamiento acuda al juzgado a anular su propio acto», explicó el abogado de la cámara, Juan López-Contreras, quien reseñó que «esto haría que se tardara años». «Lo fácil es que se devuelva a los que recurrieron mediante el reintegro o la compensación, con tan sólo estimar los recursos que se presentaron», abundó el letrado, quien especificó que en este caso «cabría el pago de los intereses», pero se libraría de «las costas procesales».
López-Contreras reseñó que los ciudadanos que recurrieran pueden ir al juzgado a reclamar, lo que ocasionaría que «el Ayuntamiento tenga que devolverles, con costas e intereses», por lo que urgió al equipo de gobierno del PP, que ha anunciado que pagará, a que tome la decisión pronto.
El letrado felicitó «al letrado municipal que llevó el caso ante el TSJ porque hizo una defensa extraordinaria que impidió que se anulara por completo la subida», lo que hubiera obligado a devolver la diferencia de la subida del 26,4% del IBI del 2008, 2009, 2010 y 2011. «Lo que me sorprendió es que para llevar el recurso ante el Supremo se contratara a un bufete de fuera, que lo tenía todo hecho y no aportó nada», remarcó López-Contreras, quien vaticinó que si el Ayuntamiento demandara a la Diputación por su responsabilidad al imprimir tarde la ordenanza en el BOP «no prosperaría».