Detenidos en León una nigeriana y un leonés por prostitución de africanas

Agentes de la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía de León procedieron a la detención de una súbdita de origen nigeriano y de un varón residente en El Bierzo acusados de formar parte de una trama de explotación sexual de mujeres, en el marco de la cual han sido detenidas también otras 16 personas más en las provincias de Madrid, Málaga y Sevilla. Las dos personas detenidas en la provincia de León están imputadas en un presunto delito contra la libertad sexual contra los derechos de los trabajadores, por obligar a jóvenes de origen africano a ejercer la prostitución en clubes de alterne de la provincia, bajo la amenaza de que si no lo hacían, practicarían con ellas ritos de vudú o provocarían daños a sus familias.

La operación se inició en julio del 2011, cuando una joven nigeriana denunció en Málaga que llevaba once años ejerciendo esta profesión tras haber sido captada bajo la promesa de poder venir a algún país de Europa a estudiar. Para ello, y subiendo un escalón en la complicación que este tipo de tramas suelen plantear a la policía para las investigaciones, se tramitó un visado falso, con el que poder sacarla de su país aunque sin llegar directamente a España, sino que se realizaron diferentes desplazamientos por países de la zona subsahariana hasta entrar en Europa por Italia.

De forma paralela, se llevó a cabo un proceso similar en la parte del caso que afecta a las dos personas detenidas en León, si bien en el caso de la provincia se sospecha que pudiera haber más víctimas afectadas por esta misma cuestión que, sin embargo, por temor a las acciones de represión por parte de la banda, decidieron no denunciar lo ocurrido y prefirieron mantenerse en el anonimato para no crearse problemas mayores.

La Policía Nacional de León sospechó desde un primer momento que las víctimas de esta trama que se encontraban residiendo en la provincia de León ingresaban en el país por el Principado de Asturias, por lo que se solicitó la colaboración de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Oviedo, con el fin de estrechar el cerco a los delincuentes en sus intenciones ilícitas.

Tras llevar a cabo todo este periplo, la víctima que destapó la trama delictiva fue obligada a ejercer la prostitución, bajo la excusa de que el desplazamiento había ocasionado una serie de gastos especialmente gravosos y que después de haber realizado un favor de semejantes características a su familia, era necesario que compensara a la organización devolviendo los gastos contraídos a base de mantener sexo de pago.

Oposición. Cuando la víctima se negó a ejercer esta tarea, fue violentamente agredida, amenazada y vejada para convencerla de que debía llevar a cabo esta labor por las buenas o por las malas, por lo que no le quedó más remedio que iniciarse en ello. La especialización de la trama no sólo complicó las investigaciones a la Policía, también incluyó episodios de violación por parte de los miembros de la organización para convencer a la víctima.

Lo habitual de estos casos hasta ahora era que se solicitara una compensación de entre 3.000 y 6.000 euros a las víctimas, para hacer frente a los pagos de los gastos que hubiera ocasionado su traslado a España y demás cuestiones. Sin embargo esta banda dio una vuelta de tuerca más al caso y cuantificaba en un valor de 50.000 euros el importe de las operaciones, con lo cual era casi imposible que durante toda su vida las víctimas de la extorsión pudieran ser capaces de hacer frente a la deuda y quedaban condenadas a trabajar en esta tarea casi para toda su vida.

Si se daba la circunstancia de que alguna de las jóvenes conseguía ingresos de forma sustancialmente superior a los que se había calculado en un principio por parte de la organización, se creaban nuevas partidas a las que hacer frente o se aumentaban las cantidades que tenían que pagar las mujeres en concepto de alquiler, para que se rebajasen los beneficios que obtenía la extorsionada y que siempre se mantuvieran las dificultades para poder hacer frente al pago de la deuda.

Multas incluidas. También se recurría a la imposición de multas de alta cuantía en el caso de que el abono de las mensualidades previstas se realizara con retraso, siempre con el objetivo de conseguir que la mujer estuviese permanentemente dedicada al trabajo para la organización sin posibilidad de satisfacer las cantidades de una forma definitiva.