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Los extranjeros más españolizados serán favorecidos al renovar papeles
La Junta valorará su madurez democrática o constitucional si les falta algún requisito.
María de Diego se reunió ayer en la Gerencia de Servicios Sociales con representantes de las ONG leonesas de inmigración.
Los extranjeros que no cumplan todos los requisitos para renovar papeles y regularizar su situación no lo tienen todo perdido. Si pueden demostrar que han participado activamente en actividades destinadas a conocer los valores constitucionales de España, los derechos humanos, la democracia, la tolerancia o la igualdad entre hombres y mujeres; si certifican que han estudiado alguna de las lenguas oficiales del país o el propio Estatuto de Autonomía de la comunidad donde residen tendrán posibilidades de mantener el permiso de residencia, aunque no puedan acreditar el cumplimiento de todos los requisitos previos que se les exige para renovar su autorización.
Esta nueva vía forma parte del material de trabajo que la directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de Castilla y León, María de Diego, entregaba ayer a una representación de las principales ONG de León que trabajan con extranjeros. Se trata de nuevas instrucciones en torno a la reformada ley sobre derechos y libertades de la población inmigrante en España.
El citado informe sobre esfuerzo de integración no es obligatorio, sino que es emitido por la Junta a solicitud del ciudadano extranjero que necesite renovar su autorización de residencia temporal no lucrativa (estudiantes), la residencia temporal por reagrupación familiar y la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia o ajena. Es decir, la mayor parte de los extranjeros que han llegado a España y llevan alrededor de dos años regulando su situación administrativa. Muchos de ellos, cuando llega el día y la hora de renovar los documentos no pueden acreditar que cuentan con los recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia —en los casos de reagrupaciones— o su actividad laboral no llega a los tres o seis meses por año, razón que hasta ahora suponía una traba para los extranjeros. «Lo que necesitamos es coordinación» de todas las entidades que trabajan en materia de inmigración, pidió De Diego a los trabajadores sociales.
Durante el encuentro que mantuvieron en la Gerencia de Servicios Sociales, la directora general explicó el contenido del anteproyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes en la Sociedad de Castilla y León, acción que está repitiendo en todas las provincias de la comunidad para recabar propuestas y conseguir el mayor consenso social. De mantenerse los plazos y finalizada esta fase informativa, Hacienda y el Consejo Económico y Social, entre otros, elaborarán sus informes para dar vía libre al nuevo proyecto legal antes de finalizar este año.