El fallo del Constitucional permite a un etarra abandonar la cárcel de Mansilla

Igarataundi llevaba en prisión 20 años por varios delitos del comando Udalaitz.

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León

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La Audiencia Nacional ordenó ayer la puesta en libertad de los tres presos etarras a los que se había aplicado la «doctrina Parot» y cuyos recursos fueron estimados el pasado viernes por el Tribunal Constitucional, entre ellos Juan María Igarataundi Peñagarikano, que cumplía condena en la cárcel de Mansilla de Las Mulas.

Igarataundi, que llevaba en prisión 20 años por varios delitos relacionados con el comando Udalaitz de la banda armada, abandonó la prisión leonesa a primera hora de la tarde. A la salida le esperaban su mujer y otros dos allegados.

El mandamiento de libertad fue enviado a los correspondientes centros penitenciarios después de que las secciones primera -en dos de los casos- y segunda -en el otro- de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional recibiera la notificación de la decisión del Constitucional.

Los otros reclusos que han abandonado la cárcel son José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta -encarcelado en Ocaña I (Toledo)- y José María Pérez Díaz -interno en la prisión de Burgos-.

El Constitucional, que rechazó los recursos de otros 28 afectados por la «doctrina Parot», estimó los recursos de estos tres etarras porque en su caso existían resoluciones judiciales firmes sobre la forma de computar las redenciones de penas por el trabajo.

La «doctrina Parot» fue establecida en 2006 por el Tribunal Supremo en una sentencia en la que rechazó el recurso del exmiembro del «comando itinerante» de ETA Henri Parot contra la negativa de la Audiencia Nacional a acumular en una las veintiséis penas a las que había sido condenado.

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La resolución del Supremo, que dio la razón al etarra al acumular las condenas en una sola pena de 30 años, supuso sin embargo la fijación de un nuevo criterio de aplicación de las redenciones establecidas en el Código Penal de 1973 que hacía que la mayoría de los presos de la banda condenados varias veces por delitos cometidos hasta 1995 agotaran el tiempo máximo de cumplimiento efectivo.