El fiscal jefe analiza los datos que le ha enviado la Caja y solicita más informes
Emilio Fernández estudia todas las prejubilaciones, indemnizaciones y sueldos .
Evaristo del Canto y Miguel Ángel Álvarez, en una imagen de archivo.
El Fiscal Jefe de León, Emilio Fernández, especificó que la investigación sobre las indemnizaciones, los sueldos y los créditos concedidos por Caja España-Duero a alguno de sus altos directivos se encuentra de momento «en fase pre-procesal» y reconoció que por ahora solamente está recabando toda la información a este respecto «puesto que se han solicitado numerosos informes y hay que estudiar todos esos temas».
Fernández respondió en estos términos al ser preguntado por el estado de la investigación que ha ordenado abrir el Fiscal Superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, en referencia a la denuncia presentada por Izquierda Unida en Castilla y León sobre las prácticas de las cajas en la comunidad y en concreto en León, en lo referente a la prejubilación de 554.000 euros que se le asignó al anterior alcalde, Francisco Fernández, como antiguo trabajador de la Caja.
«Todos esos temas los estamos estudiando, no podemos decir que nos estemos fijando en uno concreto porque la verdad es que la denuncia es muy genérica y tengo la sensación de que se basa más en las noticias de la prensa que en datos firmes. Primeramente hubo que dilucidar una cuestión de competencia, porque se pretendía que el caso lo investigara el Fiscal General del Estado y luego el Fiscal Superior ha decidido que lo analicemos a título provincial en cada zona», señaló Fernández. «Por ahora estamos recabando la información. Tenemos que examinar los documentos que nos mandan y nos estamos fijando en las prejubilaciones y en los sueldos, sí, pero estamos analizando más asuntos. La denuncia no da detalles y nosotros en este momento tampoco podemos ahondar en más cuestiones».
Llegar a los juzgados
Como en cualquier otra diligencia, estamos recopilando información y el objeto de este trabajo es determinar si hay motivos para llegar a los juzgados o si por el contrario no procede continuar». Emilio Fernández reconoció que los seis meses de plazo que tiene actualmente para investigar el tema se pueden prorrogar otros seis meses más si fuera necesario «aunque para eso hay que solicitar permiso, pero normalmente se están concediendo sin problema este tipo de prórrogas y todo dependerá de lo que nos vayamos encontrando por el camino».
Preguntado sobre la colaboración de Caja España-Duero en esta materia, el fiscal respondió que la colaboración «es obligatoria por ley, o sea que no queda otro remedio. A veces pedimos datos que nos llegan incompletos y hay que volver a solicitar de nuevo que se complete la documentación».