Los opositores a bombero se querellan contra el alcalde por prevaricación

Una docena de los 31 opositores a bomberos, que esperan desde hace año y medio que se resuelva la nota del último examen para determinar los titulares de las 12 plazas convocadas, presentó ayer una querella criminal contra el alcalde, Emilio Gutiérrez, por «prevaricación administrativa en concurso con un delito de impedir el ejercicio de los derechos cívicos del artículo 542 del Código Penal», en el que se recoge «la igualdad en el acceso al desempeño de funciones públicas del artículo 23.2 de la Constitución». Una acusación argumentada en la paralización de la oposición, mediante un expediente de revisión de oficio de la convocatoria, que persigue que no continúe el proceso «sin base legal para ello», según apuntan en el texto de la denuncia registrada en los juzgados de instrucción.

Los opositores recuerdan que las bases de la convocatoria fueron aprobadas el 28 de septiembre del 2010, con el anterior equipo de gobierno PSOE-UPL, para «la provisión de 12 plazas de bombero conductor». Un proceso al que se presentaron cerca de 600 aspirantes, entre los que quedaron 31 pendientes de la nota del último examen, sin que se hicieran públicas las notas. Un freno que se consumó con el decreto de Alcaldía del 16 de abril de 2012, ya con el PP en el poder, en el que se daba inicio al «procedimiento de revisión de oficio», lo que suponía «suspender la ejecución del acuerdo, sin una motivación específica y con la genérica mención a que la ejecución del acuerdo podría causar perjuicios de difícil reparación». Un expediente en el que «el interventor modificó su informe inicial para negar la existencia de la causa de nulidad de derecho inicialmente identificada y afirmar la de una causa de anulabilidad».

La tramitación de este expediente, recuerdan los denunciantes, se reforzó con «la amortización de las plazas ofertadas en la plantilla del Presupuesto del Ayuntamiento del 2012», cuya decisión ya ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en un «auto no firme» en el que se instaba a la administración municipal a que anulase la amortización; decisión que, recurrido el fallo por el consistorio, se ha decidido no llevar a efecto en el presupuesto para el 2013.

En el texto de la querella se hace hincapié en que ya «se ha vencido el plazo de duración máxima de una suspensión» por expediente de revisión, fijada por ley en 3 meses, pero que «el Ayuntamiento se ha desentendido de la tramitación del procedimiento y no ha declarado su caducidad con la finalidad de mantener aquella suspensión». Mantenimiento que se hace sin que se conozca el expediente de revisión, por lo que instan al juzgado a que lo reclama. Bases sobre la cual argumentan el delito de «prevaricación administrativa por omisión», que recuerdan que está tipificado con pena de «inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años». Una «Comisión por omisión que tiene además la virtualidad de impedir el normal funcionamiento del control político interno de la actuación de los órganos de gobierno municipal, evitando el debate y votación en el seno del órgano plenario», apuntan.

Un argumental con el que reclaman la «imputación penal» del alcalde