«Exigiré responsabilidades a los que han dejado hundido este Ayuntamiento»

En junio cumplirá el ecuador de una legislatura tensa. Gregorio Chamorro gobierna en minoría con una deuda de 78 millones de euros y una herencia que, cada día, pasa factura. No duda en afirmar que un alcalde debe rendir cuentas y tener responsabilidad en sus decisiones.

—Hace un año los despidos eran urgentes porque no había dinero para nóminas. ¿Por qué aún no se han ejecutado?

—La situación es muy difícil, con un presupuesto prorrogado. y, al mismo tiempo, no podemos aprobar el nuevo hasta que no tengamos los ingresos y gastos reales. Ahora hay medidas autonómicas y estatales que pueden relajar la aplicación real del plan de estabilidad, por lo que esa urgencia no apremia tanto. Podemos esperar tres o cuatro meses.

—¿No será que el alcalde no se atreve a tomar esta decisión?

—No es que no me atreva. He tomado otras que me han dolido pero tengo claro que lo primero son los intereses de los 32.000 vecinos. Lo que no se puede hacer es de forma aleatoria. Determinar la situación real de la plantilla es muy complicado.

—Uno de los temas más polémicos ha sido la municipalización de basuras y jardines. ¿Por qué ha levantado tantas ampollas?

—Se gastaba sin controlar, no importaba si se podía pagar o no. Por eso, yo creo que la gestión directa se entendió bien. El problema ha venido con la subrogación de los trabajadores de Urbaser y Raga. Quiero dejar claro que nosotros no hemos despedido a nadie sino que ha sido la empresa cuando terminó el contrato. Y hemos asumido a los que se ajustaban al informe jurídico. Por ahí ha venido la polémica y porque se ha utilizado, con fines partidistas, por Gancedo, Rubinat y Gómez.

—Por tres veces se ha negado a debatir la readmisión de los trabajadores en Pleno

—Es muy claro. La Junta de Gobierno tomó una decisión, como órgano competente, respecto a la subrogación de los trabajadores. Se pretendía, con esa propuesta del PSOE, que el Pleno revocara esa decisión que, además, está recurrida en los tribunales. Si dejo votar la resolución habría creado un lío jurídico y cometido una irregularidad. Lo que diga el juez lo acataremos.

—Este tema, de momento, ha terminado con una denuncia contra los exalcaldes por estafa. ¿Tan seguro está de que hay delito detrás del asunto de la nave que utilizó Urbaser?

—Creo que he actuado con responsabilidad. Detecto lo siguiente: en la oferta de la empresa se establece que el Ayuntamiento cede un terreno, Urbaser construye la nave que pasados diez años sería para el Ayuntamiento. Paradójicamente, el Ayuntamiento no cede ningún terreno, un particular sí lo hace, se construye la nave y, finalizado el contrato, el Ayuntamiento no tiene nave después de pagar 4.500 euros mensuales durante diez años. A mí, con toda objetividad, me rechina y puede tener incidencia penal. Mi obligación como ciudadano y como cargo público me obligan a presentar esa denuncia y que sea el juez quien decida. Los delitos podrían ser estafa, malversación o tráfico de influencias, pero si hay o no lo determinará la justicia.

—Ese particular del que habla es el mismo que tenía la concesión del mantenimiento eléctrico en San Andrés desde 1996. La rescisión del contrato no parece haber sentado demasiado bien entre algunos sectores...

—Es cierto, ha creado mucha susceptibilidad. A Cefiro se le pagaban cantidades muy gravosas para el municipio. Hay a quien no les ha gustado esta decisión pero era un contrato inasumible para el Ayuntamiento. En esta caso, la culpa no es del empresario, sino de quien permitió esos contratos.

—La sombra de la duda también pesa sobre el contrato de eficiencia energética del Plan E que le costó al Ayuntamiento más de un millón de euros. Nunca redujo ni el ahorro ni el consumo. ¿Van a tomar medidas judiciales al respecto?

—Estamos valorando la posibilidad de acudir a los tribunales porque entendemos que existe fraude y engaño en el contrato. Ni por asomo se ha acercado a las pretensiones.

—¿Va a subir la tasa del agua en el 2014?

—Este ha sido uno de los cantos más gordos que nos hemos encontrado. En septiembre del 2010, el PSOE acuerda subir el agua de 0,67 a 1,22 euros metro cúbico que nunca se hizo efectivo por cobardía política, porque estaban cerca la elecciones. Además, la empresa pagó un canon de dos millones de euros que no sabemos dónde están y se prorrogó la concesión hasta el 2046. Ahora nosotros nos encontramos con una deuda acumulada de 2,5 millones y la necesidad de hacer efectiva la subida. Será en el 2014.

—¿Ha aceptado Gersul el plan de pago para abonar la deuda?

—La deuda está reconocida por sentencia. Tengo que agradecer a Isabel Carrasco que no la ejecutara porque nos habría obligado a cerrar. El plan de pagos está aceptado.

—¿Cuántas veces ha pensado que la solución pasaría por la intervención del Estado?

—La intervención no sería buena aunque reconozco que hemos estado al borde.

—¿Se van a mantener la escuela infantil y el centro de día?

—Los servicios sociales son esenciales en este momento y por eso tenemos que hacer todos los sacrificios del mundo para no dar la espalda a los más necesitados. Si pasaran a la Junta la situación se relajaría bastante. (Pasa a página 20)