Los archivos de la Guardia Civil y la Policía guardan 10 denuncias por desapariciones de personas en León

Los archivos de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía acumulan en Castilla y León las denuncias de familiares de 78 personas desaparecidas en los últimos años, algunas tramitadas en la década de los 70 como el caso del zamorano de Antonio Fernández Río, natural de Losacio de Alba (Zamora), que desapareció en junio de 1974 a su regreso del servicio militar en Melilla y cuya fotografía aparece en la página web de la Guardia Civil.

Aunque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no dan ninguna desaparición por cerrada, la realidad es que el paso del tiempo lleva, inexorablemente, al olvido de la mayoría de los casos y a que su resolución no tenga ningún final. De todas formas, algunas familias se resisten a perder la esperanza y recurren a algunas de las asociaciones privadas que se dedican a difundir los casos por internet con la confianza de que alguien pueda aportar alguna pista.

Desde la puesta en marcha en España en enero de 2010 de la base de datos de personas desaparecidas y cadáveres sin identificar, hasta el pasado mes de enero, los cuerpos policiales recibieron un total de 29.607 denuncias por desaparición, de las que se resolvieron más del 92 por ciento, según confirmó hace unos días en el Senado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Pero a pesar de este alto porcentaje, según SOS Desaparecidos, en España se contabilizan unos 14.000 casos sin resolver desde los años 70.

Sin lugar a dudas, y aunque ya han pasado más de 20 años, el caso con más repercusión mediática en Castilla y León fue el de las niñas palentinas Virginia y Manuela, desaparecidas la tarde del 23 de abril de 1992. Vecinas de Aguilar de Campoo, aprovecharon la festividad de la Comunidad para viajar en tren hasta la localidad cántabra de Reinosa. A última hora de la tarde se las vio haciendo autoestop para regresar a sus casas y, según algunos testimonios, pudieron haber sido recogidas por un automóvil de color blanco, pero nunca más se volvió a saber de ellas. Como si se las hubiese tragado la tierra, desde entonces no ha habido pistas sobre qué sucedió aquel fatídico día.

La Guardia Civil hizo indagaciones en Francia, donde el padre de Manuela trabajaba de guarda de seguridad en unos grandes almacenes, pero sin ningún éxito. Los agentes hablaron con vecinos de la zona donde las muchachas fueron vistas por última vez, pero nadie fue capaz de facilitar un dato que permitiera aclarar qué fue de ellas. En octubre de 2001 se encontraron dos cráneos en el embalse de Requejada, pero tras las pruebas de ADN, se conoció que las calaveras llevaban allí desde la Guerra Civil.

El abogado palentino Luis Antonio Calvo, que junto a su compañera Margarita Calle se personaron en el caso en nombre de la asociación Clara Campoamor, confirmó que judicialmente el caso lleva cerrado desde 2006 y recuerda que ninguna de las líneas de investigación abiertas dio resultado. «Para aquella época fueron muchos los medios materiales que la Guardia Civil empleó en la investigación, especialmente en el registro infructuoso de muchos de los pozos de la zona, donde se sospechaba que podían encontrarse los cuerpos. Desgraciadamente, a medida que pasaba el tiempo la hipótesis del asesinato era la que más fuerza cobraba entre los agentes, a la vez que se perdían las esperanzas de resolver el caso».

Béjar

Más reciente ha sido el caso del bejarano José Luis Morante, desaparecido el 13 de julio de 2007. Un mes después de que fuera visto por última vez haciendo una llamada desde una cabina telefónica, la Guardia Civil detuvo a los tres presuntos culpables de su desaparición, aunque sólo uno ingresó en prisión, saliendo en libertad tres meses después. Los operativos especiales para rastrear la zona de Hervás, Montehermoso y Baños de Montemayor, con batidas que duraron diez días, resultaron infructuosos.

Dentro de las pocos casos en los que los familiares autorizan su publicidad, decisión que también puede corresponder a la justicia si lo considera oportuno, el último se remonta al 22 de septiembre de 2009, cuando no regresó a su domicilio de la localidad segoviana de Rapariegos Ausencio González Herrero. El hombre salió por la mañana con la intención de visitar un desguace ubicado en Arévalo (Ávila), adonde nunca llegó, y su coche fue encontrado en los alrededores de El Tiemblo, a más de 100 kilómetros de su casa. Los primeros esfuerzos por encontrarle se concentraron en los alrededores de El Tiemblo y zonas aledañas como los embalses de El Burguillo y el Charco del Cura, pero las tareas no tuvieron éxito. Incluso un grupo de vecinos desplazado desde Rapariegos colaboró con los voluntarios de Protección Civil de El Tiemblo y Navaluengua para recorrer los pinares y montes próximos al lugar donde se halló el vehículo.

El último caso de la Comunidad ha sido el de María López Mosquera, desaparecida el 22 de octubre del 2011 en Villada (Palencia) tras abandonar la residencia de ancianos donde vivía y salir a dar un paseo. La Guardia Civil movilizó sin éxito numerosos efectivos en su búsqueda como helicópteros, buzos y perros, a los que se sumaron vecinos, cazadores de la zona y voluntarios.

León y Burgos

En León, donde se acumulan casi una decena de casos en los últimos años, la desaparición más antigua data de 1982, la de un joven de Toral de los Vados, mientras que la más reciente es la del industrial Carlos Alfonso García-Lubén de Cos, desaparecido en 2002.

Por su parte, el caso abierto más antiguo de Burgos es el de María Cristina Munié y se remonta al 2002. La Policía Nacional investigó la denuncia que presentó la familia y el juzgado acabó archivando la causa de manera provisional. En esta provincia también llama la atención el caso de Marisa Villaquirán. A pesar de que la Audiencia Provincial condenó a su marido por detención ilegal, maltrato y lesiones, la Policía sigue considerando el caso como una desaparición. Marisa Villaquirán, en trámites de separación, fue vista por última vez el 7 diciembre de 2004 en Miranda de Ebro. Ese día había acudió a los juzgados para formalizar una denuncia contra su marido por una discusión que ambos mantuvieron la noche anterior. Varios testigos vieron a su esposo introducirla a la fuerza en un coche y llevársela. Él y el conductor del vehículo -condenado a ocho años de prisión por estos hechos- se desplazaron hasta San Juan del Monte y nunca más se supo de Marisa. Los rastreos del vertedero y los alrededores no dieron resultado.

Protocolo

La Guardia Civil, la Policía Nacional y los cuerpos autonómicos tienen establecido desde 2009 un protocolo común de actuación para tramitar las denuncias por desapariciones vía telemática, sistema que permite registrar todos los casos en una base de datos. Además, este sistema también contempla un mecanismo especial para los considerados casos de alto riesgo, que se activa cuando las personas desaparecidas son menores, ancianos, discapacitadas, víctimas de violencia doméstica o cuando hay claras sospechas de que se trata de un secuestro.

A nivel nacional son tres las asociaciones que colaboran con las familias para esclarecer estas desapariciones: InterSOS, constituida (1998), Adesepa, que su ámbito se reduce a la Comunidad Valenciana y SOSdesaparecidos, asociación cuya página web registra al año más de seis millones de visitas.