El drama de los desahucios llega ya a las viviendas sociales en León
Echan de su casa a un joven al corriente de pago y paralizan otro caso idéntico.
Agentes de la Policía Nacional ejecutan el desahucio.
Funcionarios del Ministerio de Justicia, a instancias del juzgado de Primera Instancia número 3 de los de León, paralizaron ayer el desahucio que amenazaba a una pareja residente en el número 2 de la calle José Rodríguez Lama de Puente Castro, a los que a pesar de estar al corriente de pago de sus deudas de alquiler, se pretendía desalojar de su casa por parte de Lazora, la compañía que gestiona los alquileres de viviendas sociales en la barriada leonesa.
Sin embargo, en un supuesto exactamente idéntico, Francisco Martínez, un joven de 30 años y padre de un niño de cuatro años, recibió la orden de salir del inmueble que ocupaba, alegando una deuda que según él mismo pudo demostrar no existe puesto que hace varias semanas hizo efectivo un pago de 3.400 euros por los meses que tenía pendientes de abono.
Francisco tenía pendiente de cobro cinco meses de salario en la empresa para la que trabajaba, pero finalmente pudo hacer frente a los recibos y se encontraba al día.
Agentes judiciales se presentaron ayer a las diez y media de la mañana en la vivienda sobre la que pendía la amenaza de lanzamiento, la del séptimo piso. Previamente, miembros del grupo Stop Desahucios de León habían notificado a los inquilinos del tercer piso, sobre cuyo caso ya había informado este periódico durante el pasado fin de semana, que su caso se había resuelto de forma satisfactoria. Jesús y Marcolina respiraron satisfechos y ahora únicamente deberán firmar un nuevo contrato de alquiler con Lazora, para dejar atrás los sinsabores de estos últimos días.
Los mismos a los que ahora se enfrenta Paco. Trabajador de una empresa de contratas de León, perdió su puesto de trabajo y no ha conseguido acumular suficiente antigüedad como para tener derecho al paro, según explicó a este periódico una familiar suya. Aún así, logró reunir la cantidad que adeudaba y ejecutó el pago a través de un recibo que mostró a los agentes judiciales.
«Sólo estamos pidiendo una hora de plazo para gestionar con la inmobiliaria la confirmación de que han recibido el dinero», explicó el afectado a las dos agentes judiciales que se personaron en la vivienda. «Yo no veo aquí a nadie de la empresa, así que no tengo por qué esperar».
Órdenes de Lazora
Lazora trasladó a su delegado en León (visiblemente afectado y muy nervioso) la orden de no paralizar este segundo desahucio y realizar el lanzamiento. La Policía notificó al inquilino que en los próximos cinco días puede acceder a la vivienda para retirar sus pertenencias y que dispone del mismo plazo para gestionar ante la empresa una solución.
La legislación establece que, paralizado un desahucio por primera vez, la segunda vez en la que se incurre en un impago el desalojo es automático. No obstante, la empresa ingenió una medida para solucionar el caso de los vecinos del tercero: redactar un contrato nuevo. Con los del séptimo previsiblemente hará lo mismo, si es que impera la cordura.