«Nunca hemos pensado ni previsto suprimir municipios»

—¿Qué aportará en la Comunidad, en las provincias, esta nueva Ley de Ordenación del Territorio?

—Va a aportar algo positivo. Va a ser positiva para la Comunidad, en general, y más en particular para lo que es el mundo rural y el municipalismo. El objetivo final que persigue es fortalecer el municipalismo y así mejorar o garantizar los servicios que se prestan a los ciudadanos vivan donde vivan, porque los ciudadanos tienen derecho a vivir donde les parezca. Desde esta perspectiva entendemos que se tiene que notar.

—Habla de fomentar el municipalismo, pero ¿la ley no pone en entredicho el papel de determinados ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, como los responsables últimos de esta obligada ordenación del territorio, cuando en realidad son los más perjudicados por esta crisis por ser los que menos recursos económicos y de todo tipo tienen?

—Son varias cosas. Cuando yo explico lo del fortalecimiento del municipalismo quiero decir que cuando nos planteamos el llevar a cabo este proyecto lo hicimos pensando en la importancia que el mundo local tiene en Castilla y León. Desde esa perspectiva es desde de la que digo que se fortalece el municipalismo. Entendemos, y esto es sólo un ejemplo, que si en este proyecto de ley se da una herramienta al mundo local como las mancomunidades de interés general, que pueden beneficiar la prestación de los servicios, es en el sentido en el que digo que se fortalece el municipalismo. Este proyecto no persigue y no va así el que dejemos sin competencias a los municipios. Desde el primer día y desde el primer momento, una de las apuestas que se hizo siempre fue el mantenimiento de los municipios tal y como ahora están. Y aquí no hay cambio, fue desde el primer día.

—Dentro del propio PP algunos entienden que se está legislando en colisión a una futura norma estatal superior a ésta, como por ejemplo en el tema de las mancomunidades que el Estado quiere que desaparezcan y la Junta lo que hace es fortalecerlas.

—La ley, no sé si llamarle borrador o anteproyecto, estatal que nosotros conocemos hasta ahora no colisiona para nada con el proyecto que tenemos de nuestra ley, en absoluto. El borrador estatal, lo que conocemos, cuando habla de las mancomunidades habla de su existencia o no en función de sus sostenibilidad presupuestaria, es por una cuestión económica. No habla desde otra perspectiva. El derecho de asociación que es lo que es una mancomunidad no lo puede prohibir nadie porque está en la Constitución. No puede entrar nunca en colisión. Nuestro proyecto de Ley no es sólo para dos días es con vocación de permanencia en el tiempo.

—Pese a su intento de consensuarlo y dialogarlo todo en esta ley, hay instituciones y cargos como la presidenta del PP de León y de la Diputación que ya han anunciado que va a presentar enmiendas a este proyecto de Ley.

—Presentar algún tipo de enmienda lo que hace es enriquecer los proyectos. Para eso están las Cámaras y las Cortes. Yo no he conocido un proyecto de ley que haya sido tan participativo como éste. Se podrá tener más aciertos o menos en otro tipo de cosas, pero en participación con alcaldes, concejales, federación de entidades locales… Se ha hablado, se ha expuesto y colgado en el gobierno abierto; se ha tenido audiencia pública y por eso parte de las alegaciones que ya se han recogido en este proyecto han servido para enriquecerlo y de ahí su contenido. ¿Qué se presenten enmiendas? Pues bien.

—Que presenten enmiendas la UPL, el PSOE e IU entra dentro de la lógica, pero que vaya a ser el propio PP, que es quien gobierna en la Junta, el que vaya a enmendar su propia Ley...

—Bueno, nosotros mismos a lo mejor también presentamos alguna enmienda. Si este proyecto fue participativo hasta ahora, lo va a seguir siendo. La participación no nos tiene que asustar a nadie, enriquece los proyectos, no al revés. Siempre lo hemos entendido así desde la Consejería con el consejero José Antonio de Santiago Juárez a la cabeza.

—La Diputación de León les ha acusado de endosarle competencias que son suyas, como el fomento de viveros de empresas, los controles sanitarios y de consumo, el del agua, los bomberos. ¿De verdad no le están colando competencias que realmente son de la Junta?

—Empezamos haciendo el trabajado de las competencias para ver la situación y la realidad y evitar duplicidades. Parece ser que esto levantó un poco de polvareda. Igual deberíamos haber empezado a hacer como lo hemos hecho finalmente. Eso de las competencias es un trabajo técnico y ninguna de ellas va a ir dentro de la ley. Lo que la ley persigue es evitar duplicidades y si un servicio lo puede llevar una administración no hace falta que lo lleven tres.

—Da la sensación de que se está legislando de cara a la galería, de que es una ley voluntarista, pero no ejecutiva, porque se le da la opción a los ayuntamientos de unirse para gestionar mejor, pero la experiencia dice que los ayuntamientos, los alcaldes no suelen ir por ese camino del consenso y la solidaridad y a cada uno le gusta tener su reino de Taifas.

—Yo en eso disiento un poco. Aquí tenemos una filosofía de las mancomunidades que están reguladas en nuestra ley ahora mismo y que una gran parte de los 2.248 municipios que tenemos sí que están asociados en mancomunidades. Otra cuestión es que pensemos que no están siendo todo lo eficaces que deberían ser. Esa filosofía de asociarse para hacer las cosas mejor, claro que la tenemos.

—¿Usted se imagina al alcalde de Valladolid y de Arroyo de la Encomienda consensuando servicios?

—Bueno, precisamente Valladolid y Salamanca son las dos capitales de provincia que tienen una asociación hecha con los pueblos de alrededor para determinadas cosas.

—Hablamos de los servicios importantes, los que más cuestan, como por ejemplo la Policía Local, basura, servicios de limpieza, que son los más costosos y donde se puede aplicar eficiencia.

—Pero las mancomunidades rurales de basuras yo creo que está todo el mundo mancomunado.

—¿Pero cuántos hay en los grandes y medios ayuntamientos?

—La Ley ya diferencia entre las mancomunidades de menos de 20.000 habitantes, las rurales, y las urbanas, para los de más de 20.000 y son muy diferentes las características de unas y otras. Esas mancomunidades que se van a constituir en el mundo urbano, también existe libertad para decir cuáles son los servicios que se quieren mancomunar, no puede ser de otra manera, porque lo contrario sería invadir las competencias que tienen las entidades locales.

—¿Qué sucede si llegado el momento los municipios no se fusionan. No queda la ley como un brindis al sol y en papel mojado. Por qué no se quiere llegar al trasfondo y plantear la supresión de municipios?

—No. A lo último no. Nunca hemos pretendido ni lo hemos pensado ni lo hemos previsto la supresión de ayuntamientos y, digo más, mi de juntas vecinales. Categóricamente, no. Sobre si la ley se queda vacía de contenido, tengo que decir que se está centrando todo en esa herramienta que se presta a los municipios, pero yo he dicho que la ley es de ordenación, servicios y gobierno del territorio y eso es lo primero que estamos haciendo.

—¿Realmente cree que se puede mantener una estructura organizativa con 2.248 municipios, casi el 80% de menos de 1.000 habitantes?

—Esa es la estructura organizativa que existe y desde la Junta entendemos que esos 2.248 municipios tienen que seguir existiendo. La posibilidad de que los municipios entre ellos se fusionen porque lo consideren ya está previsto en la ley, pero vamos a mantener la estructura que actualmente tenemos y son esos 2.248 municipios y las 2.226 entidades locales menores. Lo que siempre hemos mantenido es la pervivencia de los municipios, de las diputaciones y de las juntas vecinales, pero había que llevar a cabo una herramienta para ayudar a que esos municipios y entidades siguieran perviviendo y que presupuestariamente fueran sostenibles.

—¿No sería bueno que empezaran los ayuntamientos del PP, para que cundiera el ejemplo y a ellos les siguieran otros?

—No tienen por qué ser los ayuntamientos del PP.

—Sí, pero donde más resistencia se están encontrando ustedes es en sus ayuntamientos.

—Este proyecto entendemos que es bueno para nuestra Comunidad Autónoma e intentamos llegar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas. Para nosotros es importantísimo el consenso y el acuerdo. Para nosotros esto es un proyecto de Comunidad, que no es una cuestión de partido, es una cuestión que trasciende.

—¿Y en este proyecto de Comunidad cómo se salvan en la ley las peculiaridades que existen en las provincias?

—Una ley con carácter general no puede entrar en ese tipo de peculiaridades concretas de las provincias de las que estamos hablando. El sentido de la ley es más generalista. En el desarrollo de la ley a través de los reglamentos será cuando se pueda ir más al detalle. Hay determinadas cosas y singularidades que ya existen ahora mismo que sí están recogidas en la ley, como las mancomunidades de aguas que son distintas al resto. Por definición cualquier ley pone las bases que sirvan con carácter general para establecer algo que se quiera, pero genérico. Existen singularidades, pero hay algunas que son comunes. Es verdad que a efectos de distancias geográficas no es lo mismo el norte de León que Tierra de Campos.

—¿Le va a resultar más fácil consensuar la ley con el PSOE que con una parte del PP?

—Para nosotros es importantísimo consensuar esta ley. Con el PSOE hemos conseguido la firma de ese acuerdo en octubre pasado. Para la Junta, insisto, éste es un proyecto de Comunidad.

—Parece que cuando se han querido dirimir dentro del PP los equilibrios de la propia ley parece más un pulso por la sucesión dentro del PP que de la propia ley.

—Eso es una interpretación y yo ahí no entro y cada uno puede hacer las que quiera.

—Esos pulsos que están claro están dentro del PP, uno de ellos tiene el eje principal en León, ¿cómo piensa solventar esas diferencias claras con León y su presidenta?

—Ahora mismo mi pensamiento no está en solventar si hay más o menos diferencias. Hemos estado con las diputaciones viendo las competencias, hablándolas. Cuando desarrollemos esto ya veremos cómo se hace.

—Usted habla de evitar duplicidades, pero crean mancomunidades de interés general, que ya existen, y unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, que también existen en las comarcas. ¿Eso no es duplicar?

—No. Yo entiendo que no. No estamos duplicando. Nosotros hablamos de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio. Esas unidades básicas son unos espacios geográficos, espacial. No estamos hablando de servicios. Es una ordenación que nosotros hacemos para nosotros, para nuestra ordenación y servicios del territorio. No hay duplicidad con respecto a nada, porque no son servicios. Cuando hablamos de mancomunidades, que sí son servicios, decimos que pueden unirse si quieren para prestar determinados servicios, pero no va a ser una estructura organizativa.

—¿Y qué se hace con las que ya existen?

—Las que quieran seguirán existiendo y si no quieren como están ahora mismo tendrán que reconvertirse y la ley lo contempla. Hay mancomunidades que ya están dando en hacerse más grande y prestar más servicios y ellas mismas se están asociando.

—¿No se han visto ustedes empujados por la crisis a legislar en caliente?

—No. Este es un proyecto pensado, yo no estaba en esta Consejería, en la Legislatura pasada. El momento económico sirvió, no para legislar en caliente, sino para que todo el mundo nos diéramos cuenta de que era necesario hacer algo y ahí no había duda. Todo el mundo sabía que así no se podía seguir.

—¿No se han planteado, en ningún momento, vamos a parar, porque no es el momento y esta Comunidad, con sus sensibilidades, no está preparada?

—Yo en la cabeza del consejero no estoy. En el momento que eso está en el programa y que el presidente lo presenta para sacarlo adelante a mí lo único que me queda es trabajar lo mejor posible, desde el punto de vista de dedicación y entusiasmo para hacer lo mejor para Castilla y León.

—Hace poco la presidenta de la Diputación de León dijo que había un problema de descoordinación entre el partido y la Junta. Sabemos que se refería a la Consejería de Educación, eso seguro, pero ¿se refería también a la Consejería de Presidencia, precisamente a la sazón de esta ley?

—Yo no tengo ni idea a que se refería la presidenta de la Diputación de León cuando hablaba de descoordinación entre la Junta y el partido. No sé, no sé. Ella no lo especificó y yo no lo sé.

—¿Pero a usted no le consta?

—No, no.

—Vamos, que están perfectamente coordinados.

—Insisto, no sé a qué se refería la presidenta, no lo sé. Supongo que hay coordinación, pero ella dijo esto, sus razones tendría.